Apuntes al margen
Lo que nunca importa
El fin de las plusvalías estaba cantado pero los sucesivos gobiernos han estado tocando la lira con los ayuntamientos
AL igual que existe debate sobre el Impuesto de Sociedades (el famoso 15%), el de Sucesiones (cobrarlo o no), el IRPF (las cesiones autonómicas, los tipos marginales, las deducciones) o el IVA (tributar al cobro de la factura y no antes), los impuestos municipales parecen no importar a nadie. Ha tenido que llegar el Constitucional, tras dos avisos serios en 2017 y 2019 , para adoptar una medida de cajón: la anulación de las plusvalías, un tributo profundamente injusto en su fórmula de cálculo. Y ahora tenemos el lío padre. Solo el Ayuntamiento de Córdoba tiene un agujero soberano de 15 millones de euros anuales (17,1 millones si se toma el dato de los derechos reconocidos netos, que es el fetén). El conjunto de las corporaciones municipales de la provincia, 154 millones.
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Repasar la lista de recaudación permite hacerse una idea de lo loco que ha sido todo. La segunda ciudad en población de la provincia es Lucena pero es la sexta en el ranking de lo recaudado. Van antes Priego, Cabra, Baena o Puente Genil. La única explicación razonable es que, al gravar el suelo sobre el que se edifica la vivienda, castiga a los núcleos con casas unifamiliares sobre los municipios que tienen un mayor peso de bloques de pisos, que se construyen en vertical consumiendo menos terreno. Con todo, lo grave es que se basaba en una ficción: el mercado inmobiliario sube y sube porque así lo hacen los valores catastrales. La crisis anterior, que fue primero de materias primas y posteriomente inmobiliario-financiera, demostró que el precio de bienes como las viviendas se estanca, crece y baja. Como todo en la vida. El caso que ha terminado en el Constitucional es ejemplificador: un incremento de valor real de 20.000 euros generó 80.000 euros de plusvalías al aplicarle los coeficientes aprobados en Benalmádena .
El Constitucional prepara una sutura que a ver cuánto dura. Lo de que no se pueda reclamar ya lo vivimos con las cláusulas suelo
Unos gobiernos responsables hubiesen asumido el primer pronunciamiento del Constitucional como lo que era: el momento de derogar el tributo tal y como estaba diseñado estableciendo una forma distinta de financiación municipal. He aquí el lío. Las plusvalías constituyen, de toda la panoplia tributaria, la más cercana a la doble imposición. A usted el Gobierno le puede cobrar un tributo una vez por cada concepto. No dos. El caso de las herencias era el más clarificador. Hasta su reciente reforma, se pagaba impuesto de sucesiones y plusvalías, ambos por el incremento de riqueza que supone la transferencia de propiedad de la vivienda familiar. El Estado pasándose la ley por donde se pasa la toalla.
Las plusvalías eran, además, un tributo cómodo. Las notarías se habían convertido en oficinas de recaudación. Se vende una vivienda, se rellena el documento de autoliquidación y se transfiere el dinero a los ayuntamientos. Gloria bendita porque la gente pagaba y pagaba. Y con ese dinero los alcaldes hacían rotondas y montaban verbenas. El rechinar de dientes de estos días es puramente utilitario. La fuente, de golpe, se ha secado hasta el próximo decreto urgente de un asunto que se debería estudiar y tramitar con todos sus perejiles parlamentarios.
El Constitucional ha preparado una sutura que a ver cuánto dura. Lo de que no se puedan reclamar cantidades pagadas en los plazos legalmente previstos ya lo vivimos con las cláusulas suelo. Fue Europa la que dijo que hasta ahí podía llegar la broma. El asunto, a largo plazo, tiene mala carita. Sobre todo, porque lo que sigue sin importar, más allá de sustos, es cómo se financian los ayuntamientos. Porque lo que no importan son los ayuntamientos propiamente dichos.
