También quiere ser alcalde

En esencia la norma establece la posibilidad de que los ayuntamientos cedan en su integridad sus remanentes de tesorería, que ascienden a unos 14 mil millones de euros , a cambio de una transferencia de cinco mil millones entre este año y el próximo y el compromiso de su total devolución, con intereses, en… ¡quince años! Hay quien se ha referido a la norma como un robo y una expropiación . Yerran en el uso forzado de esas palabras y trivializan su contenido, máxime con un gobierno de la naturaleza del que padecemos, sospechoso de querer expropiar en cualquier momento. Usemos robo y expropiación cuando roben o expropien y no abusemos del «que viene el lobo».

Sibilinamente Sánchez ha introducido la nota de voluntariedad para ese traspaso para las corporaciones locales y aquellos ayuntamientos que lo consideren oportuno podrán retener sus remanentes a cambio, eso sí, de no percibir transferencia alguna del Estado. No es un robo ni una expropiación, sino un lamentable chantaje, una fullería gigantesca , que enfrenta a los alcaldes del PP a una paradoja incómoda: aplicar la ley de 2012 aprobada por el PP implica no poder gastar ni un euro de esas cantidades mientras que aplicar el chantajista, y probablemente inconstitucional, decreto sanchista permite obtener una importante suma susceptible de ser gastada o invertida. ¿Qué hacer en esta situación? Difícil decisión, más allá del evidente recurso de inconstitucionalidad y del compromiso de inmediata restitución de estos fondos -previa modificación de la ley de estabilidad presupuestaria en caso de alcanzar el gobierno-. Habrá también que reflexionar acerca de si esos remanentes se producen por la austeridad de los municipios o por su incapacidad para gestionar y ejecutar sus presupuestos o incluso por la existencia de una presión fiscal excesiva.

Aciertan de lleno algunos alcaldes populares como Almeida o García Urbano en el juicio que merece la norma. No sólo se trata de esa coacción. No es la impostura de no querer modificar la norma de 2012 contra la que votaron los socialistas, y que solucionaría de un plumazo el problema, evitando recurrir a la filigrana contable. Es más grave. La norma ataca de modo frontal al movimiento municipalista , que se había caracterizado por los acuerdos unánimes basados en fijar al ciudadano como eje de las decisiones y no a la estrategia partidista. La decisión trata a alcaldes y concejales como menores de edad y absolutos incapaces, invadiendo sus competencias cual elefante en cacharrería. Los socialistas , prietas las filas ante los designios del presidente, agreden la autonomía municipal, imponiendo a los ayuntamientos el destino de los fondos a transferir, sin analizar las necesidades concretas y específicas de cada ayuntamiento. Cualquiera diría que Sánchez, después de haber azuzado el movimiento contrario a la monarquía , ahora mira hacia las ciudades y pretende convertirse en el alcalde de todas ellas.

Muchos ciudadanos no habrán votado a sus alcaldes ; no pocos lo habrán hecho y estarán decepcionados. Pero por alejado que uno pueda uno estar de su alcalde, o el alcalde de sus votantes, nadie discutirá que sabe mejor que nadie, y desde luego mejor que Sánchez , qué necesita su ciudad.

Sorprende el entusiasmo de algunos. A fuerza de ser sinceros habría de preguntarse si alguna crítica sería igual de virulenta si la propuesta fuese de un gobierno de su propio partido , pero es inevitable pensar qué habrían dicho los alcaldes socialistas si Rajoy hubiese ideado esta fórmula. ¿No tienen nada qué decir? Alcaldes jugando a la política nacional y haciendo seguidismo de sus líderes de partido: cóctel poco recomendable.