Rabanales 21, más cerca del pacto para salvar el tecnoparque

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios , estuvo en Córdoba esta semana viendo patios, según su agenda oficial. Extraoficialmente, el consejero político de Susana Díaz vino a conocer y bendecir el pacto para salvar Rabanales 21 . No hay aún un documento definitivo firmado pero se está más cerca que nunca. Tanto, que el próximo día 30 de mayo se celebra un consejo de administración para aprobar el plan de viabilidad que permita al tecnoparque salir de la situación de preconcurso de acreedores.

El principio de acuerdo que se está plasmando por escrito es lo ya conocido - dación en pago a cambio de deudas vencidas y una operación crediticia con La Caixa - pero con un cambio sustancial. Los socios que puedan tendrán que rascarse el bolsillo en una ampliación de capital que sumará unos tres millones de euros con el objetivo de fortalecer los recursos propios . La cantidad es bastante más alta de lo inicialmente calculado por dos razones: se pretende cubrir el pago de una parte más relevante de la deuda con el Ministerio de Economía (al menos, los vencimientos hasta 2020 ) y satisfacer las necesidades de tesorería de la empresa. Algo así como un colchón que permita trabajar sin agobios en el futuro de la entidad.

La ampliación de capital se calculó inicialmente prorrateando en función del porcentaje que cada cual tiene en el accionariado. El problema es que no todos los socios del tecnoparque han decidido contribuir. No estarán, por ejemplo, ni Cajasur ni Prasa , que verán diluida su participación en la empresa. Sí estarán las instituciones públicas (la Junta, la Diputación y la Universidad de Córdoba) así como La Caixa. El problema es que todos no podían hacer frente a las cuantías exigidas y había una parte que se quedaba sin cubrir, unos 700.000 euros. Algunos socios decían esta misma semana que estaban dispuestos a operaciones de canje de deuda por capital social con el objetivo de contribuir a esta operación.

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio , realizó gestiones para que fuese la Junta de Andalucía quien cubriese esa cantidad huérfana y por eso interviene Jiménez Barrios. La cantidad es mucho más reducida que lo que le ha costado al Gobierno andaluz el plan de viabilidad del parque tecnológico de Granada , controlado por una fundación. Allí, el plan de viabilidad aprobado el 27 de marzo era una aportación directa de más de ocho millones de euros. Los patronos de la fundación dijeron que no tenían posibilidades de alcanzar esa cifra. La Junta decidió asumir en solitario dicha inyección presupuestaria . La operación de Córdoba es bastante más barata para los intereses autonómicos y estuvo motivada, en su inicio, por la imposibilidad de La Caixa de cubrir todo el dinero que había comprometido como parte del paquete de inversiones pactado entre la entidad financiera y la presidenta Díaz.

La resultante de la operación cumple uno de los primeros objetivos que se marcaron tanto en el Gobierno andaluz como en Capitulares cuando sonaron las alarmas en Rabanales 21 . Casi con toda probabilidad (hay números que se están echando aún), el capital social será mayoritariamente público. Uno de los «problemas» que tenía la sociedad era que el fraccionamiento accionarial había conducido a que, pese a que la inversión se había sostenido sobre créditos públicos , la empresa tenía el capital repartido en un cincuenta por ciento en manos privadas y en otro cincuenta de instituciones del Estado.

La resultante de la ampliación de capital, y si nada se tuerce antes del 30 de mayo, debe servir para que la Junta, la UCO, el Ayuntamiento y la Diputación sean, directamente o por medio de sus corporaciones empresariales, las principales propietarias. La tesis que sostiene la alcaldesa de Córdoba es que ello permitirá acudir con mayor facilidad de financiación europea .