El pufo del aeropuerto

El 8 de noviembre de 2007 , cuando aún nos quedaba algo de flequillo, el Ayuntamiento de Córdoba en Pleno aprobó el convenio con el Ministerio de Fomento de «Mandatela» Álvarez por el que hoy Aena reclama 20 millones de euros a la institución municipal en la Audiencia Nacional .

El gobierno municipal de PP y Cs han decidido oponerse a la reclamación (buscando, supongo, una negociación extrajudicial) atendiendo a la barbaridad que supone que una institución local tenga que correr con los gastos de expropiaciones que terminaron costando un ojo de la cara por la determinación de las administraciones de abonar a precio de mercado tanto las parcelas construidas como las dedicadas a tierra de labor.

El acuerdo original establecía que el Consistorio se haría cargo del 17 por ciento del importe de las expropiaciones que, según una respuesta parlamentaria, alcanzaron un coste total de 45 millones para 188 propiedades . Lo que deberían haber sido unos ocho millones de euros —si se tira de regla de tres— se ha convertido por arte de birlibirloque en 20 millones, atrasos incluidos, por uno de los acuerdos más disparatados firmados jamás por la institución municipal entre críticas del PP de la época.

El grupo municipal, entonces en la oposición, se opuso al contenido en la forma y en el fondo aunque con un matiz. José Antonio Nieto defendía la construcción de un aeropuerto de nueva planta. Un mantra repetido por los populares desde el mandato de Merino hasta que, al fin, se cayeron del guindo de los proyectos peregrinos.

El acuerdo, recuérdese, se aprobó en Pleno entre unas presiones intolerables a las dos funcionarias municipales que establecieron que aquello era un disparate de tomo y lomo. En sendos informes «in voce», la entonces secretaria general del Ayuntamiento, Isabel Alcántara (hoy directora general), y la aún interventora, Paloma Pardo , le dijeron a la alcaldesa, Rosa Aguilar , justo lo que no quería escuchar.

Pocas veces se ha visto una sesión plenaria con tantas voces como aquella. Suspendida para reunir a ambas funcionarias en el despacho privado, el acuerdo se llevó a aprobación —con los votos de IU y PSOE— con informes concretos de la Gerencia de Urbanismo que aseguraban que incrementar el ancho de pista hasta 300 metros llevaba la factura municipal por la broma a una cantidad que estaría entre los 15 y los 20 millones de euros . Basta comprobar los antecedentes del caso para entender que, sorpresas en este caso, ninguna. Acaso, la determinación de una generación de políticos —que ya no está en Capitulares— de seguir al pie de la letra la máxima de Groucho Marx. Esa que dice que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.

Existen argumentos para vindicar que la ciudad de Córdoba no pague su parte del acuerdo o que la gestión de todo aquello fue un auténtico disparate. Pero todos ellos tienen un carácter formal, administrativo. La verdad verdadera es que el gobierno municipal de la época se metió solito en el problema, acordó institucionalmente que contribuiría al desarrollo del plan de expropiaciones —que luego alcanzó cantidades verdaderamente bárbaras, vía tasaciones de mercado y no pocas dadivosas sentencias—. Veinte millones de euros de dinero municipal por un aeropuerto que no tiene más tráfico que el que ya tenía antes de la obra y que no ha cumplido ninguno de los objetivos propuestos. Un auténtico pufo .