TRIBUNALES

El preso acusado de matar a otro en la cárcel de Córdoba niega los hechos y culpa a los funcionarios

Defiende su inocencia y afirma que encontró a su compañero de celda gravemente herido en el baño

Un hombre pasa por delante de los Juzgados en Córdoba VALERIO MERINO

ABC

El preso acusado de matar a otro interno en la cárcel de Córdoba el 11 de junio de 2015 negó ayer los hechos y manifestó que fueron tres funcionarios de prisiones quienes acompañaron a la víctima al baño, lugar donde se halló herida a la víctima antes de morir. «Yo me considero inocente», afirmó el acusado, de nacionalidad guineana, en el juicio que arrancó ayer en la Audiencia Provincial .

Allí explicó que el día de los hechos fue llevado a la sala de musculación donde tres funcionarios llevaron también a la víctima (su compañero de celda , ya que ambos eran considerados como peligrosos y estaban en un módulo de máximo aislamiento). Según su relato, vio cómo tres funcionarios acompañaron a la víctima al baño y después de «un rato» el acusado, a pesar de que estaba la radio puesta, escuchó «ruidos raros», mientras que los trabajadores de la cárcel salieron del servicio cerrando la puerta. En ese momento, afirmó, fue al baño y vio a su compañero tirado en el suelo « con mucha sangre ».

El hombre de 34 años, que cumplía condena por el asesinato de su novia , ha relatado que fue él quien llamó al timbre para avisar a los funcionarios quienes, según su testimonio, le dijeron: «vuelva a su celda si no quiere tener problemas». Esta versión, según el abogado de la familia del preso fallecido, no concuerda con la que el acusado ofreció ni a la Policía ni al juez instructor.

Piden responsabilidad a la administración

Por su parte, la fiscal afirmó estar «firmemente convencida» de que fue el acusado quien siguió a la víctima hasta el baño «con el propósito de darle muerte» y le propinó «una paliza brutal, a traición y de manera sorpresiva», por lo que lo acusa de asesinato y pide 20 años de cárcel como condena.

El Ministerio Público señaló que estos hechos «no se pueden permitir» en un lugar donde la tutela de los internos depende del Estado, por lo que considera que la administración «debe responsabilizarse» de las indemnizaciones a la esposa e hijas del fallecido.

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