La prescripción moral

Centralizado el mando de los aspectos más sensibles de la organización del Estado en el presidente del Gobierno y cuatro ministros del gabinete, sucede que han emergido figuras como la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida, como gigantes de la política en mayúsculas. Sería bueno recordar en estos momentos que los adversarios del político popular lo llamaban hasta hace cuatro días -como si estuviésemos en el patio de un colegio- con el despectivo mote de «carapolla» entre las risas de algunos líderes de opinión de los que este país anda sobrado. Literalmente, sobran.

La receta del regidor popular madrileño es la que está usando el 99 por ciento de sus homólogos convertidos en la primera línea de acción del Estado -recuerden, amigos, los ayuntamientos también lo son-. Llamadas a la colaboración de todos, a la responsabilidad individual y colectiva, a la empatía hacia quien peor lo pasa y la difusión del agradecimiento sincero hacia los trabajadores de los servicios esenciales que mantienen las ciudades en funcionamiento mientras en los centros sanitarios se libra una pelea a muerte desconocida por generaciones de españoles. Y si hace falta, afear a los vecinos incumplidores de la norma y señalar los elementos que han de ser reprimidos del comportamiento público si queremos que el confinamiento iniciado hace ahora una semana sirva para algo.

En un momento en el que muchos responsables públicos tienen la posibilidad de lavarse las las manos -descargada la responsabilidad en el ministerio correspondiente-, son los alcaldes los que se están haciendo cargo de la política de proximidad, de las determinaciones más urgentes de una Administración cuarteada que llega a duras penas a donde se le reclama. Además, son los responsables de las instituciones municipales a los que les ha tocado bregar con la más fea. Informar a sus vecinos, sobre todo en los municipios más pequeños, de que en su localidad se ha producido un contagio o un deceso, que deben extremar las precauciones y que las cosas van a salir bien si ponemos todos de nuestra parte. En muchos casos, apoyados en las nuevas posibilidades tecnológicas que permiten llevar el mensaje directamente al teléfono móvil.

A pesar de que los alcaldes son los que menos poder tienen en este combate, porque las entidades locales fueron desprovistas de herramientas estratégicas que en el pasado tuvieron sobre salud pública, les toca una parte enormemente relevante en toda la tarea que queda por delante. Y es la prescripción moral. En un momento en el que todo se pone en duda en aras de una política (una cultura, un periodismo, una economía...) mal entendida, resulta que ahora más que nunca es precisa la presencia de personas de carne y hueso, cercanas, que sean depositarias del mensaje de lo común para un futuro inmediato tremendamente difícil.

Para eso, las administraciones que ahora mismo están tomando las decisiones estratégicas han de eludir la pulsión de actuar desde sus trincheras del correo electrónico, del comunicado sin preguntas y de la opacidad informativa. Recuérdese que a la hora en la que el presidente del Gobierno firmó el decreto de alarma , media España estaba ya ejerciendo medidas de alejamiento social gracias a la respuesta de autoridades locales que no tienen epidemiólogos que los asesoren y que actuaron más por precaución que por poderes.