Política
El PP reclama a la Diputación que exija los fondos entregados a Guadalquivir Futuro
Los populares exigirán en el Parlamento que se informe sobre el cumplimiento de las sanciones
El Partido Popular pedirá al gobierno de la Diputación que inicie los trámites para que la fundación Guadalquivir Futuro devuelva los 40.000 euros de ayudas concedidas por la institución provincial que, según un informe interno, se dedicaron a contratar a dos altos cargos de las Juventudes Socialistas frente, entre otros, frente a las obligaciones asumidas en el convenio regulador. El acuerdo obligaba a la entidad a contratar a un trabajador social y a un dinamizador.
El portavoz popular en la institución provincial, Andrés Lorite , acusó directamente al gobierno de la Diputación de haber practicado una doble moral pidiendo el cese, por un lado, de Cristian Menacho al frente de las Juventudes y permitiendo que derivara los fondos del proyecto a cuestiones no previstas en el convenio regulador.
La Diputación tiene en su poder desde el mes de noviembre los datos que confirman que se contrató contraviniendo lo previsto en el acuerdo firmado. El informe que señala los problemas data del 16 de enero de 2017. La próxima semana , se celebrará una comisión de seguimiento en la que la institución provincial pedirá que se cambien los términos.
El PP recordó que ya pidió que se reintegraran los fondos y que el PSOE se negó. Por su parte, los socialistas también se han negado a que representantes de la oposición asistan a las comisiones de seguimiento. Se han tardado meses en facilitar la documentación administrativa oportuna . Lorite aseguró que la entidad ha presentado nóminas de personal que trabaja en talleres que cuentan con otro tipo de financiación como la que presta la fundación Cajasur.
El parlamentario del PP Miguel Ángel Torrico reclamará a la Junta, por su parte, que se persone como acusación particular en calidad de perjudicada en los dos investigaciones judiciales abiertas . El asunto llegará de nuevo al Parlamento de Andalucía con el objetivo de que se compruebe si las medidas coercitivas que se han acordado se están llevando a la práctica.
Las organizaciones afines al PSOE tienen que pagar unos 350.000 euros en concepto de multas y devoluciones de subvenciones por el presunto desvío de fondos de las llamadas mordidas durante la anualidad de 2016. Recibieron algo más de 400.000 euros.
