El PP pide en el Pleno de Córdoba que el Gobierno pague los gastos locales que generó la Covid-19

El grupo popular del Ayuntamiento de Córdoba llevará una moción al próximo Pleno, el primero que se celebra con público, para que el Gobierno incremente las cantidades que se destinan a la ciudad y la provincia en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, el PP pedirá la creación de un fondo que resarza a la ciudad de los gastos generados por el Covid. El edil de Presidencia, el popular Miguel Ángel Torrico, explicó que estos gastos suman ocho millones de euros.

La moción presentada es la de todos los años cuando se presentan los Presupuestos Generales del Estado . Consiste en la realización de una protesta sobre los elementos fundamentales de las cuentas del Estado. La presenta el PP cuando Gobierna el PSOE y el PSOE cuando gobierna el PP. De hecho, en algunas ocasiones se han conseguido pactar plataformas de queja más o menos consensuadas.

Torrico reclamó una serie de mejoras presupuestarias que, a juicio de su partido, se han dejado de lado a la hora de realizar las cuentas del Estado. Por ejemplo, aseguró que el Gobierno debe volver a realizar la transferencia de 2,5 millones de euros que se efectuó durante los mandatos del Partido Popular para obras en la ciudad en compensación por no haber puesto fondos para otros proyectos como el centro de ferias .

Aseguró que, con las partidas previstas, la posibilidad de que se incrementen los vuelos en el aeropuerto son nulas. Pidió más fondos para la Variante Oeste, para el desdoble de la autovía Badajoz-Granada, recursos para rehabilitar el Arqueológico en su totalidad y dinero para darle un empujón al Bellas Artes. Los populares han incluido en sus reclamaciones dinero para la reforma de Regina. El Ayuntamiento tuvo que devolver una ayuda del Gobierno que permitía iniciar obras en el antiguo convento.

El PP presentará también una iniciativa en este Pleno con el objetivo de proponer al Gobierno y a las Cortes una nueva regulación de los contratos públicos en España. Aseguran que la reforma de 2017 es tan garantista que impide desarrollar una gestión ágil de recursos extraordinarios. A su vez, pide una mayor plantilla de habilitados nacionales, los funcionarios que no dependen de los alcaldes y que controlan la legalidad del gasto.