El PP pide un plan sobre el impuesto de plusvalías

El grupo popular del Ayuntamiento de Córdoba pedirá al equipo de gobierno que establezca un plan de acción para la aplicación de la sentencia del Constitucional que anula el impuesto de plusvalías en las ventas de inmuebles donde se produce una pérdida patrimonial del vendedor. El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes , explicó que el Consistorio ha previsto unos ingresos municipales de 16 millones de euros por un tributo que solo paga el vendedor de la vivienda.

Fuentes explicó que la sentencia del Constit ucional deja meridianamente claro que no se pueden gravar estas operaciones por el valor teórico catastral sino por el real. De esta forma, los municipios tendrán que aceptar las demandas de los vecinos que hayan vendido por debajo del precio de adquisición, una cuestión muy habitual por el desplome del mercado que tuvo lugar a partir de 2008.

El edil del PP aseguró que este tipo de sentencias abren la puerta a recursos de impuestos pagados en los últimos cuatro años, fecha de prescripción de las cantidades abonadas a la Hacienda pública. En este sentido, reclamó que se haga un esfuerzo de asesoramiento similar al trabajo que se ha efectuado con las cláusulas suelo para que los administrados puedan conocer los derechos que les asisten.

Por su parte, la cuarta teniente de alcalde delegada de Hacienda, Alba Doblas , aseguró ayer que la «regulación actual del impuesto de Plusvalía es injusta, en la medida que grava como enriquecimiento situaciones que no son tal, como someter al pago supuestos en los que no se ha producido incremento de valor».

Estas declaraciones las realizó la delegada tras conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional , que no tiene carácter retroactivo y que declara inconstitucional la norma foral del País Vasco, no la estatal, en los casos en los que la venta del inmueble no generó una ganancia.

En este sentido, Doblas señaló que «aunque el impacto de dicha sentencia en Córdoba es cero, sería aconsejable el cambio normativo por parte del Gobierno de Rajoy , ya que desde los ayuntamientos no se puede modificar el impuesto, y que atienda así a una reclamación histórica de los municipios».