El PP pide al Ayuntamiento de Córdoba que paralice el contrato de asesoramiento en pobreza energética

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido este jueves la paralización del pliego lanzado por el cogobierno para contratar un servicio de asesoría en pobreza energética para la Oficina de la Vivienda . La concejal María Jesús Botella considera que es un gasto «innecesario» y que su objetivo puede resolverse «a coste cero» mediante un convenio con la Agencia Provincial de la Energía , tal y como está haciendo la Diputación.

Hace unos días el área de Vivienda inició el procedimiento para adjudicar un contrato menor sobre pobreza energética en los hogares de Córdoba, por valor de 13.000 euros . El objeto del contrato es un servicio de asesoramiento que incluye sesiones formativas para profesionales del trabajo social, plataformas y colectivos y afectados, así como la habilitación de un punto informativo para derivar a las familias que reciben ayudas económicas municipales para afrontar deudas de suministro energético.

En este sentido, Botella ha denunciado la tendencia del cogobierno a lanzar «contratos menores de dudoso interés social » para servicios que pueden prestarse desde lo público. Por este motivo insta al área de Vivienda a ponerse en contacto con la Diputación para emular la fórmula que emplea la institución provincial en colaboración con la Agencia de Energía.

Asimismo, considera que la Oficina de la Vivienda se ha convertido en un «agujero negro» que consume más de 400.000 euros entre gastos de funcionamiento y personal y que no está ayudando a resolver los problemas de la ciudadanía que lo necesita. De hecho, ha recordado que mientras los desahucios decrecen en Andalucía y en el conjunto nacional, en Córdoba continúan al alza.

A su juicio, el verdadero asunto en el que debería centrarse este organismo municipal es en buscar solución a la « falta de viviendas sociales », toda vez que la Junta lleva más de dos décadas sin construirlas. Además, ha pedido conocer los avances en el convenio con Cajasur , por el que la entidad bancaria cedió viviendas al Consistorio para su alquiler social. Botella piensa que la actuación del Ayuntamiento se está limitando a «regularizar la sitaución de personas que ocupaban pisos de forma ilegal».