Política
El PP expulsa a cuatro de sus cinco ediles en Montilla que muestran su oposición al portavoz municipal
Los concejales critican la «dejadez» o las ausencias al trabajo del cargo y se desconoce si pasarán al grupo mixto
El PP de Montilla se encuentra inmerso en un lío interno que ha derivado en la expulsión del partido de cuatro de sus cinco concejales en el Ayuntamiento local. El comité autonómico de derechos y garantías del PP de Andalucía ha tomado la decisión de suspender de militancia a los ediles durante cuatro años , en una resolución tomada el 16 de diciembre -la fecha es importante en este caso- que acaba de ser comunicada por la dirección provincial del partido a través de una nota oficial.
El acuerdo, contra el que se puede recurrir ante el PP nacional en un plazo de 10 días, tiene consecuencias importantes inmediatas , dado que implica «la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de este por igual período de tiempo». Es decir, los cuatro concejales tendrán que abandonar su acta de concejal o seguir siéndolo como tránsfugas al no tener el apoyo del partido con el que concurrieron a las elecciones.
Los afectados son Francisco José Delgado, Celia Sánchez, Cristina Alguacil y Ana Belén Feria . El PP de Montilla tiene otro concejal en la localidad sobre 21 puestos en la Corporación: Francisco Javier Alférez , portavoz local impuesto por la dirección provincial contra el que no se ha abierto ningún expediente. Él es el centro de la polémica.
Los cuatro concejales rebeldes recuerdan, a través de un comunicado remitido esta misma semana, que el PP de Córdoba nombró a Alférez portavoz municipal en noviembre del año pasado , tras la renuncia a su acta de concejal de Inmaculada Luque, que fue sustituida por Celia Sánchez -una de las ahora sancionadas- en mayo de este año.
Alférez cuenta con el apoyo de la presidenta local, Auxiliadora Moreno, y la dirección provincial del PP, pero nada más . El resto del grupo municipal se opuso a su propio portavoz y trató de nombrar uno nuevo atendiendo al «principio de autoorganización de los grupos municipales».
Además, los concejales ahora expulsados recuerdan que ninguno de los portavoces ha sido jamás nombrado por la dirección local del partid o , sino por el grupo municipal. El nombramiento de Alférez en esas circunstancias tenía carácter provisional, hasta que el grupo popular estuviera al completo de nuevo, cosa que ocurrió en mayo.
Molina: «Al portavoz lo nombra el partido»
El presidente del partido en Córdoba, Adolfo Molina, sostiene la propuesta contraria. En conversación con ABC, asegura que la decisión de nombrar a un portavoz la tiene el partido , y no el grupo municipal sea donde sea; además, esta práctica se extiende a «todos los partidos». «Son las normas de los estatutos», afirma.
El PP provincial comunicará ahora al Pleno del Ayuntamiento la expulsión de los ediles. Molina asegura desconocer si los cuatro afectados entregarán su acta o decidirán pasar al grupo mixto.
Tras cambiar al portavoz la dirección local del PP abrió el expediente sancionador el pasado 2 de septiembre . Desde entonces, los concejales díscolos han guardado silencio sobre los motivos que provocaron su rechazo a Alférez. Así ha sido hasta esta semana, cuando ante la inminente conclusión del expediente sancionador se han despachado con un comunicado en términos contundentes.
Las causas del conflicto
Según los sancionados, «no podíamos seguir permitiendo la imagen de poco trabajo como oposición , motivada por la dejadez de funciones , desde su nombramiento como portavoz, ausencias injustificadas a su puesto de trabajo , falta de información al resto de compañeros de grupo, y esto unido a la pérdida de confianza tras repetidos hechos graves realizados sin el consentimiento ni conocimiento del resto del grupo». Los concejales no aclaran a qué se refieren con estas últimas acusaciones.
La fecha de la resolución es importante porque los expulsados creen que el expediente se ha cerrado fuera de plazo. Recuerdan que los estatutos del PP indican que « el plazo de resolución no superará los 2 meses desde su comunicación de inicio, salvo solicitud motivada de prorroga en un mes más. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados». El comité de garantías comunicó la apertura del caso el 22 de septiembre y, puesto que no se ha informado de una ampliación, debió cerrarse el 22 de noviembre.
Los concejales expedientados entienden que puesto que no hubo resolución comunicada desde esa fecha, el expediente se cerró sin consecuencias para ellos por un equivalente al silencio administrativo . Fue entonces cuando decidieron explicar los motivos de su actuación.
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