«La política agraria que viene», por Andrés Lorite

El sector agrario y agroalimentario ocupa un gran peso en la economía española, siendo este medible tanto en términos porcentuales sobre nuestro PIB como en el empleo que genera. En provincias tan agrarias como Córdoba, el sector primario se convierte en un motor fundamental para nuestra economía, y como tal debe ser considerado y priorizado por el conjunto de los poderes públicos en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que el Gobierno de España , lejos de convertirse en un aliado para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, prefiere adoptar una actitud que empaña el futuro de la actividad agrícola, dificulta la comercialización de los productos del campo y pone en peligro la rentabilidad de la producción.

Un Gobierno que no ha sido capaz de garantizar un equilibrio entre el precio en origen de nuestros productos y los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria, condenando a nuestros olivareros a la ruina económica; un Gobierno que ha sido incapaz de evitar los efectos de una competencia desleal que sufrimos con la entrada de productos agrícolas de otros países (por ejemplo el aceite de Turquía); un Gobierno que ha renunciado a defender los intereses de nuestro aceite, nuestros lácteos y nuestros vinos ante la imposición de aranceles por parte de la administración estadounidense; un Gobierno que rehusó llevar a cabo su obligación de negociar la exportación de productos del campo español ante la salida del Reino Unido de la UE (Brexit); un Gobierno que tiene planteamientos fiscales contrarios a los intereses de nuestro sector agrario como su intención de subir el impuesto al diésel o negarse a la reducción de los módulos del IRPF a los agricultores cordobeses a consecuencia de la sequía en el pasado año agrícola; un Gobierno que a través de su ministra podemita de Trabajo ha insultado recientemente a todos nuestros profesionales del campo diciendo que se estaban desarrollando maltratos en materia laboral e incluso situaciones de esclavitud. Un Gobierno que, en definitiva, no ha estado a la altura durante los últimos dos años de un sector productivo de primer nivel como es el agrario.

Ahora nos situamos en el escenario crucial de la negociación de la nueva PAC 2021-2027 y España se presenta desprovista de todo: sin socios comunitarios (frente a los acuerdos con 15 países europeos que el Gobierno del PP tenía firmados), sin un Gobierno fiable en el marco internacional y sin un ministro que esté dispuesto a defender el sector y dar la batalla para no perder ni un solo euro de lo conseguido en el anterior periodo 2014/2020, cuando Arias Cañete garantizó a nuestros productores 47.500 millones de euros.

El objetivo debería ser no perder fondos con respecto al anterior periodo de la PAC, sin embargo Planas ya ha afirmado que le parece aceptable la propuesta de la Comisión de recorte de 35.000 millones de euros para el nuevo marco, un -9% respecto al actual. Con ello, España perdería 4.300 millones de euros para el periodo y se pondría en riesgo la pervivencia de nuestro sector agrario . Tenemos un ministro que ha dimitido ya como diputado por Córdoba en el Congreso y, lamentablemente, también ha dimitido como defensor de nuestro agro en la UE.

Existen también dos estrategias en el marco del Pacto Verde Europeo absolutamente perniciosas por las limitaciones que imponen a la actividad agrícola y ganadera que las hace inviables en materia de rentabilidad, ya que no conjugan la sostenibilidad medioambiental con los adecuados costes de producción. Coincidiendo con los planteamientos de las OPA’s, es necesario que tanto en el seno del Consejo Europeo como en el propio Europarlamento se mejoren estas propuestas iniciales y se logre un presupuesto para la PAC 2021-2017 acorde con las necesidades y retos del sector agrario.