La Policía vuelva a cortarle el agua a los «okupas» de Lucena

Efectivos de la policía local acompañaron el jueves a técnicos de la empresa Aguas de Lucena para cortar nuevamente el enganche ilegal a la red municipal de agua al núcleo «okupa» de la calle Mediabarba .

En esta ocasión, el problema viene suscitado por la problemática que los sucesivos enganches están ocasionando en un patio comunitario, en el que según los vecinos se observan signos de hundimiento del pavimento como consecuencia de las permanentes fugas de agua que ocasionan la conexión ilegal a la red de aguas por parte de las familias que residen en los pisos ocupados.

Además los vecinos, que ya han puesto estos hechos en conocimiento del servicio municipal de Urbanismo , aseguran que están apareciendo algunas grietas en los muros medianeros y consideran que la permisividad municipal con esta situación está empezando a poner en peligro sus propios inmuebles.

Los técnicos de Aguas de Lucena y los agentes de la policía local permanecieron en el interior del inmueble por espacio de unos 30 minutos. Según los vecinos, apenas se marcharon, los ocupantes de estas viviendas volvieron a conectarse a la red nuevamente, situación que ya se ha producido en anteriores ocasiones.

Los vecinos de la calle Mediabarba consideran urgente que desde la instancia que correspondan se adopten medidas que conduzcan al desalojo de los ocupantes de este inmueble, apelando ahora a «medidas de seguridad» y la situación de insalubridad y al estado del edificio.

Este nuevo capítulo en el enfrentamiento entre los vecinos de la calle Mediabarba, hastiados de una situación que se prolonga en el tiempo y que ha enrarecido notablemente la normal convivencia en el barrio, llega solo unos días después de que el Pleno del Ayuntamiento de Lucena aprobase una propuesta de Ciudadanos que permitirá la imposición de multas a los bancos propietarios de viviendas ocupadas que permitan la estancia en las mismas en deficientes condiciones higiénico-sanitarias y de ornato público, una medida con la que se persigue «presionar a los bancos para que, desde su posición como propietarios, actúen y tomen las medidas legales que tienen a su alcance para evitar la ocupación.