CONTRATA DEL INFOCA
La Policía alerta de que Faasa ha podido apropiarse de más de 4 millones de ayudas para formación
Los agentes que investigan el supuesto amaño alertan del «chollo de las subvenciones» por falta de control
Los agentes de la Unidad de Adscrita a Tribunales y Fiscalía (UATF) de la Policía Nacional que investigan un supuesto amaño en la adjudicación del concurso de aeronaves del plan Infoca 2015-2018 por importe de 93 millones de euros, han cifrado en 4,36 millones de euros el dinero «del que ha podido apropiarse Faasa en materia de cursos de formación ». «Pese a que ha impartido los cursos, los podía haber llevado a cabo por más de cuatro millons de euros menos», afirma en un atestado de 118 páginas al que ha tenido acceso ABC y que ha sido incorporado al sumario que investiga el Juzgado de instrucción 8 de Sevilla .
A raíz de la denuncia de un funcionario de la Junta de Andalucía que acusaba a un jefe de servicio de la Consejería de Medio Ambiente de «obligarle» a participar en mesas de contratación presuntamente amañadas, la Policía Nacional ha analizado el total de las subvenciones recibidas entre 2005 y 2011 por la empresa cordobesa Faasa , con sede en Palma del Río , que suministra a la Administración medios aéreos para desarrollar el Plan Infoca en Andalucía .
En un contundente informe fechado el 23 de septiembre de 2014 que pone fin a sus pesquisas, la Policía afea a la Junta de Andalucía su falta de vigilancia sobre las ayudas: «Se ha observado por parte de la Administración autonómica un ineficaz control a la hora de detectar posibles abusos llevados a cabo por empresas conocedoras del «chollo de las subvenciones» hasta 2009 . «A partir de esa fecha se ha intensificado el control, y ello ha facilitado que se incoen algunos expedientes de reintegro», puntualiza. Sin embargo, considera que «al menos con respecto a Faasa no se han incoado todos los necesarios para recuperar el montante total del dinero presuntamente recibido de más por esta compañía».
Los agentes detallan que desde 2002 hasta 2013 la Junta ha reclamado a la contrata el 53% de media de todas las subvenciones recibidas para distintos cursos de mecánicos y pilotos de aviación a través de distintos expedientes de reintegro: 4,36 millones de euros. La cuantía se ve incrementada hasta los 4,5 millones al tener en cuenta otras subvenciones de empleo y de desarrollo e innovación . «Ésta sería la cifra estimativa del excedente de dinero público adquirido por Faasa», especifica la Policía. En la causa está personado como acusación popular Ecologistas en Acción , que presentó una querella contra el jefe del servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El atestado concluye que la empresa Faasa «tradicionalmente ha tenido continúa relación con altos cargos de la Junta de Andalucía », lo que «ha facilitado que cuenten con un conocimiento profundo de la estructura y funcionamiento de los distintos organismos que ofertan subvenciones desde la Junta de Andalucía».
Aunque no censura que una empresa «dedicada a licitar para la Administración autonómica cuente entre sus filas con personas con este nivel de experiencia», la Polícia hace constar que en Faasa «han sido profundos conocedores de los "talones de Aquiles" de la Adminitración autonómica en materia de subvenciones: la falta de fiscalización por la Intervención General de las subvenciones abonadas desde la agencia IFA-IDEA ; la existencia de exoneraciones masivas de justificaciones pendientes; la no exigencia hasta 2009 de la presentación de facturas justificativas de gastos...» No obstante, afirma, «no podemos defender el planteamiento simplista de que todo el dinero público percibido por Faasa ha supuesto uan merma a las arcas públicas».
Basándose en los indicios y en la abundante documentación consultada , la Policía sostiene que «los presuntos abusos en los que ha incurrido la sociedad Faasa Aviación supone una conducta cuya erradicación debe sobrepasar el mero reproche administrativo». «Han conseguido el cobro de un exceso de dinero público mediante diversos tipos de argucias: abusos en las cuentas presentadas, facturación en cadena, imputaciones de amortización de material de la empresa a cargo de fondos públicos, etcétera, que sólo en la última etapa ha sido detectado por el Servicio de Intervención de la Junta de Andalucía , pero que viene dándose desde bastantes años atrás y que debe ser, por tanto, objeto de orden penal», concluye.
Faasa negó la vinculación con Velasco
En febrero pasado, a raíz de las primeras investigaciones realizadas por la Policía a instancias del juzgado, la dirección de la empresa Faasa Aviación negó de forma categórica que existiera amaño o «colusión de empresas» como advierte la Policía porque «hemos concurrido, cumpliendo todos los requisitos, con otras empresas a través de una unión temporal, algo que permite la Ley de Contratos de las Administraciones ». También defendió que «no hay ninguna vinculación societaria o comercial» con el exdirigente del PSOE Rafael Velasco, a pesar de que una funcionaria advirtió al denunciante, otro funcionario, su sospecha de que Faasa era la empresa «del partido».
Desde Faasa, Miguel Ángel Tamarit aseguró que todos los procedimientos realizados hasta el momento son diligencias previas en las que «no hemos sido citados». El directivo explicó que toda la información procede de requerimientos a la Intervención General.
En cualquier caso, aseguró no entender de dónde saca la Policía la cifra de cuatro millones de euros. «Esos cursos se dieron a precio de mercado. En estos momentos, se están impartiendo desde la vertiente privada y se pagan por encima de lo que entonces se presupuestaron», afirmó Tamarit, que aseguró que Faasa no vive de los cursos de formación . Al contrario, aseguró que se trata de unas iniciativas que exigen de una alta cualificación y que han tenido un alto grado de inserción laboral .
El directivo de la empresa reconoció que la Junta les reclamó un reintegro parcial, «nunca total» , de las cantidades concedidas que no asciende «ni de lejos» a los cuatro millones citados en el informe. Esa decisión de Empleo está recurrida por lo contencioso administrativo y ha sido admitida a trámite. Tamarit recalcó que el juzgado no la ha rechazado de plano desde el primer momento. «Esos cursos se dieron, al cien por ciento», afirmó el directivo, que afirmó que la Administración autonómica lleva sin pagarlos desde 2011 . Al contrario, afirmó, se siguen desarrollando desde la empresa privada con alumnos particulares que pagan unas altas cantidades.
