La Plataforma por la Atención Temprana de Córdoba denuncia que el nuevo decreto desoye sus propuestas

La Plataforma andaluza por la Atención Temprana , compuesta por familiares de niños y niñas con trastornos del desarrollo, denuncia que el nuevo decreto aprobado hace una semana por el Gobierno andaluz en esta materia no satisface sus demandas. Aunque la Junta de Andalucía solicitó al colectivo -así como a distintos colegios profesionales, sindicatos y Centros de Atención Infantil Temprana (CAITs)- que realizara aportaciones al borrador del texto, el presidente de la plataforma, Antonio Guerrero , aseguró a ABC que en el decreto aprobado «se han recogido muy pocas de las recomendaciones» sugeridas.

Entre las demandas desoídas por la Junta se encuentran la publicación de la memoria económica de la Atención Temprana y una solución para las actuales listas de espera, que tienen a los niños y sus familiares «atrapados» en un circuito administrativo «angustiante» de más de 30 días desde que se recibe la petición por parte de la Unidad de Valoración hasta que ésta emite veredicto y se recibe la atención pertinente.

Además, la plataforma critica que el Gobierno andaluz haya incluido en el decreto una medida «imposible de realizar», como es el aumento del tiempo por sesión que pasa de 45 a 60 minutos. Guerrero afirma que esta medida, lejos de suponer una ayuda, sólo ralentizará más el proceso «ya que sin un refuerzo de personal supondrá que las listas de espera sigan creciendo».

Otro de los puntos que critican es que el decreto no halle solución a un asunto que preocupa especialmente a la plataforma, que considera que «pese a que la Atención Temprana se recoge como un derecho para todos los niños » hay muchos que quedan fuera de su alcance. Se trata de los hijos de funcionarios o militares, no vinculados al Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) y que reciben atención sanitaria a través de mutuas.

Según explica Guerrero, son los ambulatorios de la Seguridad Social los que derivan a los distintos CAITs al niño cuando se detectan trastornos del desarrollo. La plataforma solicitó a la Junta que en estos casos la Seguridad Social le cobrara a la mutua los gastos pertinentes, «que resultan inasumibles para muchas familias ».

De esta forma, Guerrero lamentó que la Junta «haya hecho poco caso a los profesionales» y a los afectados, que viven en primera línea la situación de la Atención Temprana y conocen sus necesidades.