TRIBUNALES
Piden una unidad de servicios sociales para la Ciudad de la Justicia
La Fiscalía, los jueces de Instrucción y el Colegio de Abogados elevan sus escritos al TSJA
Un porcentaje importante de los procedimientos judiciales de Instrucción tienen en la raíz un problema socio-sanitario. En una encuesta realizada por el fiscal delegado de Dependencia, Fernando Santos Urbaneja , hasta el 15 por ciento de los casos que llegan al Juzgado de Guardia sólo en materia de padecimientos mentales, discapacidad y trastorno mental corresponde a temas exclusivamente sociales que acaban judicializándose.
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La Fiscalía de Córdoba ha solicitado la reposición de la Unidad de Servicios Sociales en la nueva Ciudad de la Justicia junto al Juzgado de Guardia. A esta petición se suman los togados a través de un escrito de la Junta de Jueces de Instrucción , así como del Colegio de Abogados de Córdoba y la propia Delegación de Igualdad, Salud, y Políticas Sociales.
La mayoría de los casos que llegan al Juzgado de Guardia tienen que ver con marginación o mala relación familiar
«Se trata de una unidad que ya existía hace unos 15 años y que era muy útil y necesaria. No sabemos por qué se dio prioridad a cualquier otro servicio y éste decidió quitarse del edificio actual de la Audiencia Provincial », comenta Santos a ABC. Los padecimientos que llegan ante la mesa de los jueces de instrucción que están de guardia tienen mucho que ver con episodios de « marginación, de mala relación familiar o social », explica el fiscal especialista en Dependencia. En definitiva, es una cifra importante: «en torno al 80 por ciento de asuntos de todos los procesos judiciales que se inician», reconoció Santos Urbaneja.
La Fiscalía de Córdoba recuerda que hace más de tres lustros había una Unidad de Servicios Sociales en el Juzgado de Guardia . «Este departamento era maravilloso porque allí se derivaban, sobre la marcha, los asuntos que debían tratar los servicios sociales que llegaban a los juzgados. Tenía pleno sentido que hubiera un dispositivo socio-sanitario pero se otorgó prioridad a otros sistemas y se quitó, pero es totalmente necesario», justifica desde la Fiscalía de Córdoba .
Un servicio «de extraordinaria utilidad»
Bajo este criterio se van a unificar las declaraciones parciales de fiscales, jueces de instrucción y abogados, así como la propia Delegación provincial de Políticas Sociales para elevar la petición y solicitar a Justicia o al TSJA que vuelva a poner ese dispositivo socio-sanitario junto a las nuevas dependencias judiciales. Santos defiende que es un «servicio de gran utilidad y debería estar en el nuevo emplazamiento; cuando desalojaron esta unidad del actual edificio de la Audiencia nos quedamos huérfanos de este elemento de extraordinaria utilidad».
Las cifras que manejan los jueces de Instrucción son claras, ya que de los asuntos que les llegan solamente un 20 por ciento tienen un origen que indica un tratamiento legal. El fiscal especialista en Dependencia a nivel andaluz abogó por poner cada asunto en manos de los profesionales que pueden solventarlo.
