CAZAR
El Partido Popular reclama a la Junta de Andalucía que agilice la concesión de montes públicos para la caza
Adolfo Molina resalta el impacto económico de esta actividad para la provincia de Córdoba
Las reacciones al retraso de la Junta de Andalucía para conceder sus montes públicos en uso cinegético, a pocos días de que arranque la temporada de caza mayor , prosiguen. El presidente del Partido Popular de Córdoba , Adolfo Molina, pidió ayer en una visita a Intercaza al gobierno de la Junta que, ante el compromiso del Consejero de Medio Ambiente de buscar una solución para esto, agilice al máximo el proceso de tramitación de la licitación de fincas y montes públicos en nuestra provincia.
Molina, junto a la diputada nacional Isabel Cabezas y el portavoz del PP en la Diputación de Córdoba Andrés Lorite, mantuvieron ayer un encuentro con la Sociedad de Cazadores de Espiel en la que abordaron los perjuicios que está suponiendo para muchos cazadores cordobeses el retraso de la administración autonómica en la licitación de estos terrenos para la caza, como viene publicando ABC estos días.
El sector cinegético en la provincia de Córdoba es, según los populares, « motor de desarrollo económico por el volumen de negocio que mueve en cada temporada de caza, y cualquier administración pública debe velar por su buen funcionamiento». Este retraso afecta a unos dos mil cazadores y cerca de 50.000 hectáreas, casi la mitad de las que hay pendientes de licitar en toda Andalucía. Córdoba es la provincia, además, con más permisos federativos.
La Junta, que ha esgrimido el efecto de la nueva ley de contratos en este caso, es la competente en adjudicar los montes públicos y fincas a las organizaciones cinegéticas por un plazo de 5 años. Ese plazo caducó en marzo y todavía no ha resuelto esas adjudicaciones «con el perjuicio que esto está causando para el sector y el medioambiente», agregó ayer Molina.
Producción económica
En la provincia de Córdoba hay 12 sociedades de cazadores . Esta demora influye de manera negativa en poblaciones como Hornachuelos, cuyo impacto económico ronda los 400.000 euros. Además, según las estimaciones del PP hechas ayer, se pueden perder más de 30 puestos de trabajo directos relacionados con la guarda de los terrenos cinegéticos.
No en vano este sector que mueve en Córdoba más de 17 millones de euros cada temporada de caza, lo que supone más de 12.400 jornales. «Hablamos de un sector que mueve mucho dinero, que es fuente de creación de empleo y de conservación de nuestro patrimonio medioambiental», reseñó Adolfo Molina, quien añadió que «por ello no puede volver a producirse una situación de demora así, porque ya hay un daño hecho, ya se ha generado una pérdida económica».
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