El Parlamento exige a la Junta de Andalucía que ponga los ascensores prometidos

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer mayoritamente las dos primeras iniciativas oficiales que tienen la intención de reclamar al Gobierno de la Junta que cumpla sus compromisos con los propietarios de viviendas que se presentaron a las convocatorias para la subvención de ascensores en comunidades con personas de rentas baja, edad avanzada o situaciones de movilidad reducida . La medida salió adelante por medio de una moción y una moción no de ley complementaria presentada por el Partido Popular que tuvo el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE en el asunto sustancial.

La propuesta del PP reclama, en primer lugar, que la Junta de Andalucía satisfaga las demandas de los vecinos pero no de forma abstracta. En concreto, las familias que tengan el convenio aprobado tendrán que disponer de las cuantías comprometidas entre 2017 y 2018 como máximo. Esa era la parte que los socialistas no votaron porque supone un calendario de obligado cumplimiento para el Consejo de Gobierno. De hecho, el acuerdo del Parlamento establece que la Consejería de Fomento y Vivienda tiene que poner un plan concreto de acción para todas las familias en un plazo máximo de tres meses. La decisión mete presión sobre el Ejecutivo para que empiece a actuar ya.

La historia de las ayudas sobre ascensores tiene que ver con una promesa política establecida por el expresidente Manuel Chaves allá por el año 2005. Para hacer frente a un progresivo envejecimiento de la población en edificios que no estaban preparados para ello, la Junta estableció ayudas de hasta el 95 por ciento del presupuesto de instalación del ascensor. La fase final, previa a las obras, era la firma de un convenio. Pero antes de ello era preciso realizar fuertes desembolsos en materias como la redacción de los proyecto o la tramitación de las licencias . Llegada la crisis económica, la Junta siguió prometiendo ascensores y abriendo líneas de subvenciones que nunca llegaban a pagarse. Se estima que hay 18.000 familias en Andalucía y 5.000 en Córdoba que empezaron a poner dinero pero que nunca han recibido los recursos.

El parlamentario y presidente andaluz del PP, Adolfo Molina , fue el político que defendió la proposición no de ley y quien ha ejercido de puente con los afectados, que han recibido mensajes de afecto de otras fuerzas políticas. Molina aseguró que el espíritu de ambas iniciativas, «que son complementarias», pasa por obligar al Gobierno andaluz a que no se mantenga impasible ante una situación «con la que se cae el alma a los pies». En algunos casos, hay comunidades de viviendas que llevan esperando desde el año 2009 para que la Consejería correspondientes les dé una solución.