Los olivareros temen caída de precios con la nueva norma

Faltan dos meses para el inicio de la campaña olivarera 2020-2021, la más importante que tiene lugar cada año en la provincia por nivel de producción y generación de jornales, y la recogida de la aceituna y su posterior entrega para su molturación se encuentra en el aire. La Asociación de Almazaras Industriales (Acora) es la que ha dado la voz de alarma ante la decisión de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) de obligar a estas empresas oleícolas a pagar al agricultor a los 30 días de hacer llegar de su producción .

La gerente de este colectivo, Macarena Sánchez , indicó a ABC que el efecto directo de este cambio normativo es que en enero y en febrero los olivareros tendrán que sacar al mercado un 40 por ciento de toda la cosecha. «Como consecuencia de la concentración de la oferta del aceite de oliva en un momento determinado, los precios se hundirán, algo que afectará a todos los operadores de la cadena comercialización», apuntó esta dirigente, quien recordó que las cotizaciones ya están actualmente en unos niveles bastante bajos.

El kilo de aceite virgen extra se colocaba la semana pasada en 1,91 euros, lo que supone una bajada del 13 por ciento respecto a finales de julio de 2019. Además, se da la circunstancia de esa cifra de venta se encuentra muy por debajo del umbral de rentabilidad de muchas explotaciones.Acora denunció que, paradójicamente, tampoco podrán comprar estas producciones si sus precios son inferiores a los costes del agricultor porque así lo prohíbe la Ley de la Cadena Alimentaria impulsada por el Gobierno central . Sánchez aseguró que este escenario pone en jaque a las 110 almazaras industriales existentes en los municipios cordobeses y la consiguiente pérdida de 1.386 puestos de trabajo . Esta asociación recordó que la directiva de prácticas comerciales desleales de la Unión Europea (UE) da la posibilidad de computar el plazo de 30 días desde el momento en el que se fija el precio de la aceituna, «que es lo que se ha venido haciendo hasta el año pasado en el sector industrial».

«No entendemos que ahora se modifique este criterio sin que hasta el momento hubiera habido denuncias entre agricultores y almazaras por el aplazamiento del pago», recalcó. Desde esta organización se lamentó que la Ley de Cadena Alimentaria no suponga ningún beneficio para el sector oleícola y se criticó la posición confusa del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cordobés Luis Planas, quien «en una charla con productores cerealistas les animó a guardar sus cosechas hasta que subiera el precio», un consejo que «en nuestro caso no se nos aplica».La gerente de la Asociación Provincial de Almazaras Industriales considera que este cambio impulsado por la AICA no afecta a las cooperativas, que en Córdoba suman unas 70. «Supone una absoluta discriminación hacia nuestras empresas, pero lo realmente preocupante es que la bajada del precio que se producirá afectará a todo el sector olivarero», espetó Sánchez.

Ante esta situación, este colectivo productivo instó al Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) a reformar la Ley de Cadena Alimentaria, recogiendo en su articulado lo establecido en la citada directiva europea «con el fin de no dificultar claramente la compra de las aceitunas en la próxima campaña». «Hacer frente a circunstancias adversas motivadas por las condiciones del mercado es tarea costosa, pero subsanable en el tiempo, pero no es lógico que sea la propia Administración la que ponga impedimentos para el normal desarrollo de nuestro sector», concluyó Sánchez.