La nueva regulación pone en jaque las secciones de crédito de las cooperativas

La Delegación Provincial de Economía de la Junta de Andalucía organizó el pasado viernes unas jornadas para dar a conocer las novedades de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas en lo que se refiere a sus secciones de crédito. Según informó la Administración autonómica, esta normativa constituye «un paso adelante hacia la regulación y el control» de estos departamentos de las empresas de economía social , «apostando por su continuidad en un marco de control más efectivo pero sin limitar, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas».

Fuentes consultadas por ABC que estuvieron presentes en ese foro indicaron que el objetivo que persigue el Gobierno andaluz es establecer una serie de medidas para controlar más férreamente estas divisiones , tal como si fueran entidades bancarias «a fin de evitar los problemas acaecidos en los últimos años con las cajas de ahorros debido a las pérdidas causadas por inversiones de riesgo ».

Según la Junta, la legislación obliga a las secciones de crédito a limitar sus operaciones sólo a los socios y a contar con directores o gerentes que sean profesionales, con conocimientos en el funcionamiento de la actividad financiera. La norma también flexibiliza las condiciones de las operaciones pasivas (los depósitos que realizan los socios), mientras que impone un mayor rigor a las activas (fundamentalmente, los préstamos que se conceden ). Las cooperativas que cuenten con este servicio deberán informar asimismo de su actividad a la Administración autonómica al menos dos veces al año, y no una como se establecía hasta el momento.

Esta normativa, que se aprobó en 2015, ya está en vigor. Además, se fija que las entidades que no tengan adaptados sus estatutos a la nueva ley en un plazo de un año y medio quedarán disueltas de pleno derecho y entrarán en periodo de liquidación. Esta premura y diversos aspectos del reglamento originan serias dudas que pueden traer consecuencias. Según las citadas fuentes, hay cooperativistas que critican el exceso número de trabas burocráticas , lo que «provoca que algunos de ellos se estén pensando seriamente si merece la pena mantener las secciones de crédito».