La nueva PAC mantiene en vilo en Córdoba a más de 40.000 agricultores y 300 millones de euros

Bruselas acogió este fin de semana un a cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en la que, entre otras cuestiones, se esperaba poner los cimientos del presupuesto comunitario en el periodo comprendido entre 2021 y 2027, incluyendo la Política Agraria Común (PAC) que es el programa que se lleva más fondos. Las sensaciones entre los agricultores y los ganaderos cordobeses no son demasiado positivas debido a la última propuesta de la Comisión Europea, que rebaja los apoyos financieros a los productores, un dinero que supone en torno a una cuarta parte de su renta, y eleva sus obligaciones medioambientales y, con ello, sus costes productivos.

«No tenemos buenas perspectivas sobre la próxima PAC», sostiene el presidente de Asaja en Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa . La última intención del gobierno europeo es rebajar un 9 por ciento las ayudas directas al campo a partir del 1 de enero de 2023, que es cuando está previsto que este programa entre en vigor. Si se cumplieran los planes de Bruselas, esta inyección económica se reduciría en 4.300 millones de euros en España al año, de los que 1.160 millones corresponderían a Andalucía. Según explicó a ABC el dirigente agrario, «no podemos permitir la disminución de estas subvenciones , sobre todo en el actual escenario de pérdida de rentabilidad en muchas explotaciones por los bajos precios que afectan a muchos cultivos y numerosos productos ganaderos».

La importancia de la PAC en el sector primario es palpable por el hecho de que cada anualidad llegan hasta la provincia en torno a 300 millones de euros que se reparten entre unos 40.000 agricultores y ganaderos . De ahí, las peticiones de la patronal agraria al Gobierno central y, más concretamente, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de que mantenga una posición firme en defensa de los intereses de los productores españoles y evitar así que disminuyan las ayudas.

En Asaja Córdoba están también especialmente preocupados con la introducción en la política agraria de las iniciativas «De la granja a la mesa» y «Estrategia para la diversidad 2030», que, entre otras medidas, proponen la obligación de que una cuarta parte de la superficie agraria de la UE sea ecológica, el descenso en el uso de los abonos en un 20 por ciento y de los fitosanitarios en un 50 por ciento o la reducción del consumo de carne con la consiguiente merma de ayudas a los ganaderos. «Todo esto no es asumible por los productores porque elevaría considerablemente sus gastos , algo que demuestra la falta de conocimiento del sistema agrario europeo y español por parte de la CE», sentenció Fernández de Mesa.

Desde esta organización profesional se está trabajando en Bruselas para que esta primera propuesta se mejore sensiblemente en las próximas negociaciones , que según su máximo responsable provincial, se llevarán a cabo durante los próximos meses con la idea de que haya un acuerdo antes de que termine este año. Otras fuentes aplazan el finan de las negociaciones a 2021. En el ámbito provincial, Asaja ha presentado una moción en todos los ayuntamientos en la que se rechaza los primeros planes de la UE en este capítulo. Algunos consistorios ya la han aprobado, como la capital, Priego de Córdoba, Belalcázar, Dos Torres o Montilla, entre otros.

En COAG mantienen una posición similar al reclamar que se refuerce el presupuesto destinado a las políticas, de modo que, al menos, se mantenga la cuantía de las ayudas que ha estado vigente en el marco de programación 2014-2020. Este colectivo agrario también considera imprescindible que en la futura PAC se recoja la exigencia de los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria , sanidad vegetal y bienestar animal a las importaciones agrarias de terceros países, así como «la obligación de etiquetar el origen de los productos alimenticios que se comercialicen, ofreciendo información clara y suficiente para que el consumidor los reconozca sin dificultad, y así evitar fraudes».