Nadie investiga a los contratados del Emple@ en Córdoba durante 2014

Ninguna entidad oficial ha iniciado investigación alguna sobre los «donativos» pagados por los contratados del Plan Emple@ de 2014 , siete trabajadores en dos organizaciones afines al PSOE, la Fundación Guadalquivir Futuro y la Asociación Jóvenes hacia el futuro , que desarrollan programas sociales en el distrito sur de la capital cordobesa al amparo de las ayudas públicas.

ABC ha podido confirmar en diversos testimonios lo que es una realidad palpable. Al igual que la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha un programa de control de las ayudas concedidas en 2015 y el Gobierno andaluz dice haber iniciado una investigación reservada, ninguno de los trabajadores seleccionados en 2014 y que trabajaron durante cerca de medio año de 2015 ha recibido comunicación alguna para reclamarle datos, testimonios o documentación sobre las cantidades pagadas . Se trata de un hecho sorprendente teniendo en cuenta que el caso ha tenido un amplio eco desde que lo desvelara este diario y que ha llegado a estar en la agenda parlamentaria andaluza .

La peculiaridad de los empleados de 2014 es que fueron menos, siete, pero pagaron cantidades más altas , en ocasiones más de quinientos euros mensuales. El mecanismo en ambos casos es similar aunque ciertamente más tosco. Seis horas de trabajo en vez de las ocho del contrato , aunque en este caso nunca hubo intermediación bancaria. Los empleados recibían a final de mes un sobre con una cantidad que ya venía con la deducción del donativo realizada. En esa convocatoria, sólo la asociación Jóvenes hacia el Futuro recibió recursos de la Junta para programas sociales aunque la Fundación Guadalquivir Futuro resultó beneficiaria de las cantidades que estos desempleados tenían que pagar obligatoriamente para trabajar en los programas sociales.

Testimonios a los que ha tenido acceso este periódico aseguran que la relación laboral de estas personas con las organizaciones afines al PSOE estuvo ciertamente plagada de anomalías. Directamente, una de las nóminas nunca se percibió , al parecer, por la inexistencia de un centro de trabajo con capacidad para el desarrollo de actividades, pese a lo cual la Junta entregó cerca de 87.000 euros en el primer programa para la contratación de desempleados . En segundo lugar, se obligó a los empleados a realizar los donativos supuestamente voluntarios de los que no queda más rastro que el testimonio de los afectados. En tercer lugar, no se abonaron los finiquitos completos tras el despido. Las cantidades retenidas o directamente no pagadas se elevan en algunos casos a unos 4.500 euros por trabajador por un contrato de seis meses. El consejero competente, el economista José Sánchez Maldonado , desveló en el Parlamento que parte de la ayuda, unos 25.000 euros , está en proceso de reintegro. Es decir, que la organización no gubernamental que la recibió tiene que devolver una parte por no haber justificado correctamente su aplicación.