El fin de la moratoria concursal avanza una cascada de quiebras para otoño en Córdoba

Pilar García-Baquero

30/06/2022
Actualizado 01/07/2022 a las 08:32h.

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La moratoria concursal por la crisis provocada por el Covid que acabó el 30 de junio ha dejado un reguero de empresas heridas de muerte que no ha hecho sino aplazar lo inevitable: la liquidación. Los administradores concursales consultados por ABC aseguran que el pronóstico no es nada halagüeño. Habrá aluvión de concursos en otoño.

Con un ejemplo médico, el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba, Antonio Fuentes, explica a ABC que es como si una persona enferma, aunque podía ir al médico, no hubiera ido en meses porque no era obligatorio. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la enfermedad sigue ahí , ha avanzado durante meses y ya probablemente poco o nada se pueda hacer por el enfermo, la empresa, en el hospital, que en este caso es el Juzgado de lo Mercantil.

«Ahora se quita ese tapón, que no era sino lo que permitía demorarlo y ya la situación de muchas empresas es bastante delicada en Córdoba», constata el magistrado de lo Mercantil. Es difícil saber cuántas empresas están en la cuerda floja en la provincia. Desde el órgano judicial encargado de todos los asuntos mercantiles, Fuentes es rotundo al afirmar que «realmente creo que hay un número muy importante de empresas que están en esa situación delicada, que debían haber acudido al taller y no lo han hecho antes. Las empresas deben saber , y sus administradores -que en muchos casos son sus dueños-, que hay una obligación de acudir al Juzgado de lo Mercantil si se da una situación delicada, pero si no has acudido en todo este tiempo de moratoria ahora no se puede hacer mucho por ti ».

En cualquier caso, Fuentes recuerda en este análisis que las empresas tienen una «obligación legal» y si no la cumplen tiene importantes consecuencias para los Administradores de las mismas . El caso, apostilla el magistrado cordobés, es que «nadie puede dudar de que la situación económica es mala , y va a ir a mucho peor. El consumo se va a retraer y normalmente los negocios de estas empresas está en vender sus productos, por lo que ese consumo no será así».

Las consecuencias del fin de esta moratoria se dejarán sentir este otoño en Córdoba -hay dos meses a partir del fin de la moratoria de plazo para presentar concurso- «porque el verano anestesia y los administradores empezarán a hacer cuentas a la vuelta», por lo que es en otoño cuando llegará al juzgado este aluvión, a juicio de Fuentes. A esto añade que, por mera cuestión estadística, la mayor parte de las empresas que hay son pequeñas y medianas y serán esas las que lleguen al Juzgado de lo Mercantil.

Este mismo argumento es el que sopesan los seis administradores concursales y expertos en derecho Mercantil en los bufetes consultados por ABC. Desde el departamento de Derecho Mercantil de Montero Aramburu , su directora, Ana Beatriz Gamero Díaz de Lope Díaz, explica que esta denominada 'moratoria concursal' (en vigor desde hace más de dos años) ha supuesto que entidades en situación de insolvencia -es decir, que no podían atender de forma generalizada sus obligaciones- no hayan acudido al procedimiento concursal. Ello, unido a la 'moratoria societaria', en virtud de la cual las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 no se han tenido en cuenta para determinar la causa de disolución, ha provocado «un incremento del nivel de endeudamiento que las empresas no pueden atender, así como situaciones de desbalance patrimonial y fondos propios negativos».

Gamero Díaz hace una llamada de atención sobre que dichas moratorias, concursal y societaria, no se limitaban a situaciones de insolvencia o a pérdidas originadas por la pandemia, por lo que también han sido aprovechadas por entidades que ya venían atravesando dificultades anteriormente o sus dificultades eran estructurales o por causas distintas a la pandemia, resultando que las medidas implementadas con ocasión del Covid 19 no han sido solución o ayuda real para ellas, sino una clara huida hacia delante que termina con el fin de la moratoria concursal. Respecto a este tipo de entidades, la avalancha en los juzgados es irremediable, a juicio de Montero Aramburu, siendo previsible que la mayoría termine en un concurso de liquidación.

Sin embargo, la entrada en vigor de una reforma de la Ley Concursal inminente, según Ana Beatriz Gamero, hace que el escenario preconcursal va a jugar un papel esencial, y que un número importante de empresas, en insolvencia o con probabilidad de ella, acudirán a la figura del preconcurso en cuyo marco podrán negociar acuerdos de reestructuración al amparo de la nueva norma, más flexible y cercana a la realidad y necesidades empresariales, con la ayuda del «experto en reestructuraciones». Ello puede suponer un freno a la previsible avalancha de concursos.

En el caso del administrador Francisco Estepa, abogado especializado en Derecho de Empresa, su postura es que si finalmente se produce el fin de la moratoria concursal el escenario que se presenta para las empresas cordobesas no es nada halagüeño. Estepa deja abierta la posibilidad que en el Consejo de Ministros de este sábado acuerde una nueva prórroga con la finalidad de hacer coincidir su fin con la entrada en vigor de la reforma de la ley concursal, que está en los últimos trámites parlamentarios para su aprobación. «Lo que se está viendo en la calle son autónomos y pequeñas y medianas empresas exhaustas económicamente hablando, que no han podido superar el parón que supuso la pandemia y con poca o ninguna ayuda de la banca y, mucho menos, de las Administraciones Públicas», explica este experto en concursos complejos como el del Córdoba CF.

Para Estepa, la moratoria «más que insuficiente ha sido nefasta». Aparte, este plazo de gracia ha permitido, a su juicio, que las empresas zombis (aquellas que ya no eran viables) sigan actuando en el mercado con el consiguiente efecto contagio a las empresas con las que han interactuado aquellas. Creando más zombis .

Por último, para este administrador, los primeros que deberían arrimar el hombro ( Administraciones Públicas ) han sido, una vez más, «hiper-privilegiados por lo que a protección de sus créditos se refiere, en la reforma concursal».

Para expertos asesores de grandes compañías como Pablo Luque Torrecillas , socio de Luquevelasco Advisory , el fin de la moratoria se va a traducir en una «situación de más vulnerabilidad para las empresas». Aunque esta situación, que ha durado más de dos años, es totalmente nueva, todo indica que «va a traducirse en un aumento significativo de los concursos tanto voluntarios como necesarios» que llegan a los juzgados.

En cuanto a quién podría afectar más este fin de la moratoria, para Pablo Luque, la crisis afectó a sectores de manera muy desigual . «Según lo que vemos en nuestros clientes, los sectores que actualmente siguen más vulnerables y por tanto con una situación más delicada, son aquellos en los que el turismo internacional supone un parte importante de sus ingresos (agencias de viajes, transportes...), así como aquellos sectores en los que los precios de determinadas   materias primas han lastrado sus resultados provocando situaciones tensas en sus respectivos balances».

Por su parte, Francisco Vázquez Romero y Francisco Fedriani, ambos administradores concursales y miembros de la Comisión de Derecho Mercantil del Colegio de Abogados de Córdoba (ICA), creen que habrá un incremento, más que notable, de solicitudes de concursos voluntarios pues no solo se han debido acumular un número importante de insolvencias de dos años, sino que además ha sido un periodo en el que «hemos padecido una pandemia por la que muchas empresas ha debido sufrir daños irreparables , desembocando, inevitablemente, en insolvencia». También es inevitable que los concursos provoquen «efecto dominó como consecuencia de los impagos inherentes al procedimiento concursal», reconocen los abogados.

Por su parte, el abogado y administrador concursal de Doant , Antonio Domínguez, habla de la necesidad de que España adapte a la directiva europea su ley concursal para no ser sancionada. Y este contexto pasa por la implantación de fomentar «mecanismos que inicien actuaciones del acreedor con sus deudores , con acuerdos de reestructuración y refinanciación de la empresa que se encuentre en situación de insolvencia».

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