Inhabilitación en el Congreso
La ministra de Justicia tilda de «controversia jurídica» el retraso en ejecutar la sentencia de Alberto Rodríguez
Llop aclara en Córdoba que estas discrepancias están entre los abogados de la Cámara y el Tribunal Supremo
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha achacado este viernes en Córdoba en una reunión de fiscales a una « controversia jurídica » la dilación por parte de la presidenta de la Cámara baja Meritxell Batet en la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que inhabilita al diputado canario de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez .
La representante de la cartera de Justicia ha matizado durante su asistencia este viernes a l XXXV Congreso de Fiscales Progresistas en Córdoba que esta controversia jurídica la debe resolver la presidenta del Congreso.
Llop ha echado balones fuera al responder sobre cuándo se iniciará la ejecución de la sentencia por parte de Batet, al señalar que «en cuanto al tiempo para resolver esta cuestión, el Ejecutivo no tiene nada que decir sino que es una cuestión que corresponde al Legislativo y al Judicial».
En cualquier caso, la ministra de Justicia pese a la obligación legal que existe de ejecutar el fallo judicial del Alto Tribunal por parte de Batet, a la que ha instado en un escrito el propio TS, ha insistido en que se trata de « una controversia jurídica que existe entre los letrados de la Cámara, los servicios jurídicos de la Cámara baja y el propio Tribunal Supremo , que debe resolver la presidencia de la Cámara baja y que lo hará de acuerdo a la legalidad».
De este modo, pese al requerimiento hecho por el TS a la Cámara baja aún no hay fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez como condena por pegarle una patada a un policía en una manifestación en La Laguna (Tenerife) en 2014.
El bloqueo del CGPJ frena mil sentencias
En cuanto a los nuevos nombramientos del Consejo General del Estado, Llop ha asegurado que está « muy satisfecha de que haya sido posible que las fuerzas políticas y mayoritarias , en este caso, hayan llegado a un acuerdo sobre las personas que son candidatas a ocupar puestos en órganos constitucionales».
La ministra ha reconocido que en España «estábamos sufriendo una parálisis, un bloqueo institucional en el Tribunal Consitucional, en la Defensoría del Pueblo, en el Tribunal de Cuentas que no podíamos aguantar y espero que esto que es un acuerdo de Estado, de las fuerzas políticas mayoritarias deben trasladarse también al Consejo General del Poder Judicial».
Llop ha afeado al principal partido de la oposición que «hasta ahora haya estado bloqueando esta posibilidad de acuerdo, además el CGPJ hizo una publicación recordando que no renovar el CGPJ suponía un retraso de más mil sentencias al año . Imagínese cómo esto impacta en las vidas ordinarias de los ciudadanos de nuestro país que van a ver estos retrasos porque no están los nombramientos».
Por último, en esta visita a Córdoba, la responsable de Justicia ha pedido a su partido y a la oposición « estar a la altura para renovar el CGPJ cuanto antes ». A esto ha añadido Llop que están en «esa senda de diálogo y de reencuentro institucional de los grandes acuerdos de Estado a los que hay que llegar y que cuanto antes se produzca la renovación mejor para evitar que su bloqueo impacte negativamente en la vida de la ciudadanía».
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