Mayor Zaragoza presidirá la comisión municipal sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral

El exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza será el presidente de la comisión municipal sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, un órgano creado para asesorar al Consistorio de la capital para elaborar una estrategia con el objetivo de que el templo tenga carácter público.

El nombre de Mayor Zaragoza no es exactamente una sorpresa. La alcaldesa ya advirtió en su día de que la comisión tendría carácter internacional y el expolítico español es uno de los nombres más relevantes de cuantos han firmado el manifiesto por la propiedad pública. Mayor Zaragoza era el director general adjunto de la Unesco cuando se produjo el nombramiento de la Mezquita como Patrimonio de la Humanidad y máximo órgano ejecutivo de la agencia de la ONU cuando se extendió a todo el Casco Histórico.

El nombramiento de Mayor Zaragoza se completará con otros cuatro expertos internacionales que están por nombrarse. En cualquier caso, el gobierno municipal manda un mensaje: no será una comisión sobre la propiedad de la Mezquita sino para apoyar la tesis de la propiedad pública. De hecho, los grupos que defienden esta posición han exigido que no haya nadie en ese equipo de trabajo que defienda la propiedad de la Iglesia Católica.

La comisión municipal contrasta con la situación de los hechos. La Asesoría Jurídica realizó un extenso informe donde se dice que el Consistorio no puede reclamar la propiedad bajo ninguna de las situaciones establecidas por la legislación. Dicho informe era lo suficientemente contudente como para que la alcaldesa haya declarado que su gobierno municipal no va a reclamar la Mezquita para la institución que preside.

El secretario general del Pleno sí hizo uno aunque diversos expertos han llamado la atención sobre su contenido al comprender categorías del dominio público que ni siquiera existen en la legislación. A estas alturas, no hay ningún procedimiento judicial que haya intentado anular la inscripción registral realizada en 2006, con el PSOE en el poder y por el método creado por el Gobierno de Aznar para inscribir lugares de culto católico.