PRESUNTO FRAUDE

El mayor caso de «oro negro» en Córdoba afronta doce años después un juicio aún sin fecha

Termina desde 2006 el proceso sobre 116 encausados, pero cuentas, oro y bienes siguen bloqueados

Agentes de la Policía en uno de los talleres registrados en noviembre de 2006 en Córdoba Rafael Alcaide

P. GARCÍA-BAQUERO

La mañana del 8 de noviembre de 2006 agentes de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional irrumpían en los cimientos de la joyería cordobesa. Era la «Operación Fénix». Sin duda, el mayor caso de fraude del llamado «oro negro» : comprar oro para depósito o inversión (sin cierta tributación, más barato) y manufacturarlo (evitando su correspondiente impuesto a partir de los beneficios obtenidos). El montante requerido a los 116 encausados asciende a casi 110 millones de euros. Las penas de prisión a las que ahora se enfrentan suman casi 400 años para los cabecillas de la trama. Llegaron a moverse 32 toneladas de oro de máxima pureza importado de Suiza y valorado en 400 millones de euros con el apoyo de 45 sociedades.

Doce años después, y cuando ha concluido la instrucción de la causa y su instructor se prepara para darle traslado a un juzgado de lo Penal y celebrar la vista en 2019, muchos de los bienes siguen bloqueados. Inmuebles, cuentas bancarias, fondos de pensiones y activos financieros por valor de 10 millones de euros bloqueados a las mercantiles y personas físicas investigadas por su presunta implicación en este presunto fraude millonario al erario público en el sector de la joyería.

Silencio de la asociación

Igualmente, en los 14 registros practicados en las cuatro provincias se intervinieron 220.000 euros en efectivo , 28,5 kilos y 23 láminas de oro, 180 bolsas de piedras preciosas , 30 kilos de plata y cuatro de paladio, litografías, tallas y esculturas de gran valor, así como diverso material informático e instrumental para la fabricación de joyas.

La presidenta de la Asociación de Joyeros y Relojeros San Eloy , Milagrosa Gómez, prefirie no hablar mucho del asunto. «Yo no era presidenta en ese tiempo y estaba al margen de todo; no puedo comentar nada excepto que hablar de eso sólo hace daño al sector . Es algo que ya pasó», señaló a ABC. El abogado Carlos Arias, que representa a varios acusados, denuncia que la instrucción ha sido «nefasta porque estamos en los tiempos que estamos y no sabemos ni cuándo es el juicio , es ya de por si injusto». «Nadie me puede decir que esta causa es más compleja que la de los trenes del 11-M, que fue el juicio a los tres o cuatro años», lamenta.

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