Más de 23.000 hipotecas podrán beneficiarse en Córdoba del fallo del Tribunal Supremo

¿Cuántos cordobeses se beneficiarán del fallo del Tribunal Supremo que establece que ha de ser el banco y no el cliente quien abone el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la constitución de una hipoteca? Los especialistas dan por seguro que los clientes de las entidades financieras podrán reclamar las cantidades en cuestión en el caso de que su crédito se suscribiera, como máximo, hace cuatro años, esto es, en 2014?

Desde entonces, en la provincia se han registrado 23.267 hipotecas , de acuerdo a los últimos datos de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística ( INE ). En este cómputo están incluidos los créditos suscritos para la adquisición de bienes urbanos y rústicos, y el volumen de operaciones ha ido a más conforme más recientes son los ejercicios analizados. Así, en 2014 se contabilizaron 4.798 hipotecas, en 2015 un total de 5.534, mientras que en 2016 fueron 6.557 y en 2017 se anotaron 6.378.

La interpretación de la sentencia, no obstante, genera dudas y diferentes opiniones. Los expertos consultados se dividen entre quienes consideran que la acción no prescribe y aquellos que aclaran que solo podrán reclamar -ante la Administración tributaria autonómica- quienes firmaron una hipoteca con posterioridad al año 2014.

Las asociaciones de consumidores, por su parte, consideran que el fallo es una buena noticia y animan a pedir el reembolso de las cantidades pagadas. Desde Adicae calculan que de seis a ocho millones de hipotecados en España han abonado este impuesto, pero asegurán que está por ver cómo se interpreta la sentencia. «Los servicios jurídicos de Adicae estudiarán a fondo la misma para saber cuántos afectados tienen derecho a reclamar», indican desde la asociación.

La asociación de consumidores OCU añade que la sentencia afecta «a la parte más importante» de los gastos de formalización, que dependiendo de la comunidad autónoma pueden oscilar entre los 1.000 y los 4.050 euros. La OCU ha indicado que los bancos deberán pagar todos los gastos formalización de las hipotecas y ahora también el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, algo que beneficiará a seis millones de familias, según los cálculos de la asociación.