Política
Lucena | El PP denuncia irregularidades en el desahucio de una familia ordenado por el Ayuntamiento
Los populares afirman que ni les dieron facilidades para pagar la deuda municipal contraída ni un plan B al desalojo
El portavoz del PP, Francis Aguilar , denunció ayer la intención del gobierno local de proceder al desahucio de una familia lucentina compuesta por tres adultos y dos menores , que actualmente residen en una vivienda adquirida en su día a la empresa municipal Suvilusa, que el propio Ayuntamiento recuperó tras pagar 31.000 euros en el procedimiento de subasta pública de la misma iniciado por la empresa provincial Hacienda Local, ante la existencia de una deuda de algo más de 37.000 euros por parte de su propietario , un empresario local que en 2011 no pudo hacer frente a sus obligaciones tributarias .
Aguilar contrapuso «el inmediato interés» mostrado en el mes de abril por la edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, y el portavoz de IU, Miguel Villa , ante el procedimiento de lanzamiento por mandato judicial de la veintena de okupas de una vivienda de la calle Huertas , a los que el propio consistorio tiene garantizado el suministro de agua, y la decisión del PSOE de llevar a pleno el encargo a los servicios jurídicos externos del procedimiento de desahucio y desalojo de esta otra familia, por lo que los populares intentarán convencer al resto de grupos de la oposición para que también lo hagan.
Y es que según Aguilar, a la vista del expediente, «no existe ninguna prueba documental de que la familia haya sido notificada de la ejecución de la deuda contraída, de la orden de subasta del inmueble o de la intención del ayuntamiento de ponerlos en la calle, más allá de una notificación de Hacienda Local que esta familia niega». Tampoco se explican las alternativas planteadas por el Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo de pago en las «dos o tres reuniones» que el equipo de gobierno asegura haber mantenido con la familia afectada.
Para el PP, todo ello se traduce en una situación de «inseguridad jurídica» para la familia, sin que se haya planteado en este caso «el plan B, que la concejala de Servicios Sociales solicitaba para las familias okupas de la calle Huertas».
