La Ley de Servicios Sociales hará que la Junta aporte a las residencias de Córdoba 2,3 millones menos al año

La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía tiene unos objetivos ambiciosos, como que los ciudadanos puedan reclamar las prestaciones públicas ante los tribunales, pero también unas lagunas considerables . La principal es la económica. La queja de los operadores del sector -o lo que es lo mismo: los titulares de las residencias de mayores - es que el nuevo marco normativo reduce de una forma importante el dinero con el que la Administración autonómica soporta las plazas concertadas .

En la provincia de Córdoba la cantidad que dejarán de ingresar cada año de las arcas regionales las empresas que gestionan estas instalaciones ronda los 2,3 millones de euros.

Esta suma es la resultante de la siguiente operación. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales la Junta transfería a las residencias en régimen de concierto 50,2 euros por cada beneficiario y día, pero ahora la cifra se ha rebajado a 49,57 euros. Estos 0,63 céntimos de diferencia pueden resultar menores, mas no lo son en el cómputo global. En la demarcación existen en la actualidad mil puestos concertados en las residencias de ancianos. La suma de esos 0,63 céntimos durante todos los días del año y multiplicados por el millar de conciertos arroja la cifra de 2,3 millones.

Al citado recorte hay que añadirle que las arcas autonómicas dejarán de ingresar en los operadores del sector por otro tipo de prestaciones , como por ejemplo los relacionados con los tratamientos por trastornos de conducta. De 64,32 euros por plaza y jornada, se pasó a 63,50 euros.

Estos números tienen cara. Nombre y apellidos. La Obra Pía de la Santísima Trinidad , por ejemplo, que gestiona en la provincia dos residencias, la de la Trinidad y la de San Juan de la Cruz, ha calculado que la pérdida de ingresos económicos procedentes de la Junta les creará muchos desajustes. « Con ese dinero tendríamos para pagar servicios básicos para nuestros mayores », subrayan sus responsables, que están a cargo de unas setenta plazas subvencionadas.

El juicio que expresa Miguel Peláez , presidente del Grupo El Yate , especialista en la prestación de servicios en este sector, anda en la misma línea. Su crítica central es la falta de un acompañamiento financiero a la nueva ley . Pero hay más. «El texto [de la norma] es muy amplio, muy ambicioso, pero tiene muchas lagunas, porque no concreta qué servicios o qué prestaciones están incluidos o bajo su amparo».