El largo camino desde Córdoba hasta la sanción de la UE

La multa debe de estar al caer , y será de una cuantía elevada. Ésa es la opinión de los constructores y consultores andaluces respecto a la posición de la Unión Europea hacia la Junta de Andalucía por sus retrasos en la construcción de las depuradoras . Según el sector, la Comisión Europea podría sancionar a la Junta de Andalucía con hasta 40 millones de euros por los reiterados incumplimientos y 20 millones adicionales por cada año de retraso. Los empresarios recuerdan que la Junta ya ha pedido dos prórrogas, hasta 2013 y 2015, que tampoco han servido para cumplir los plazos, y ello contando con una fuente de financiación fiable, el canon del agua.

El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ya condenó a España en 2011 por el tratamiento inadecuado de aguas residuales en varias zonas, pero el dictamen no llevaba aparejada una sanción económica. La Comisión Europea —el órgano ejecutivo de la UE— le dio un plazo a España para adoptar «las medidas necesarias para cumplir con esta sentencia», aseguran fuentes institucionales de la Comisión. Si no lo hace, el órgano ejecutivo denunciará a España ante el Tribunal de Justicia y entonces éste sí que podría aplicar una sanción. Pero el proceso es largo y complicado y puede durar años. En realidad, la UE no tiene ningún interés en cobrar las multas; éstas se aplican, aseguran las mismas fuentes, para incitar al país a cumplir con sus obligaciones, pero sólo en casos extremos se ejecutan. « El efecto que se busca es ante todo disuasorio y en todo momento se trabaja con la aministracion nacional para fomentar el cumplimiento», explican desde la Comisión Europea en Madrid.

La Unión Europea tiene tres expedientes abiertos contra España . El primero de ellos es una condena —sin sanción económica—, de marzo de este año, «por aguas residuales no tratadas en zonas definidas como ‘sensibles’». Los otros dos afectan a la falta de tratamiento adecuado en 241 aglomeraciones grandes y 612 pequeñas , algunas de ellas en Andalucía. «La lista es larga», aseguran desde la UE, y el proceso para sancionar a un país aún lo es más.