Salud
Un juzgado investiga si hubo corrupción entre empresas en el concurso de ambulancias de Córdoba
El Consorcio de Transporte Sanitario se querella contra su expresidente tras perder un contrato de 61,7 millones
La Junta admite problemas en la concesión y no sabe cuándo activará los cambios
El juzgado de instrucción número 3 de Córdoba ha admitido a trámite una denuncia penal contra el expresidente del Consorcio de Transporte Terrestre Sanitario de Córdoba, que ha prestado el servicio de ambulancias a la Junta de Andalucía de una forma habitual en las últimas décadas, y contra los titulares de las dos firmas que se unieron el pasado año para optar a esta concesión pública —que son Servicios Socio Sanitarios Generales de Andalucía (SSGA) y Ambulancias Pasquau — y que acabaron por quedarse por el contrato, que asciende a 61,7 millones de euros y que tiene una duración de cuatro ejercicios.
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Lo llamativo es que la demanda la firman cinco de las ocho entidades que forman parte del citado Consorcio de Transporte ( Ambulancias Córdoba, Ambulancias Los Pedroches, Ambulancias Alto Guadalquivir, Tallancor y Ambulancias de Córdoba) que creen que su exresponsable, que responde a las iniciales de M.B. R., ha podido cometer, «en connivencia» con los dos investigados más, un presunto delito de administración desleal y otro de corrupción entre particulares al «haber facilitado la concesión del servicio expuesto a favor de sus competidores». La jueza ha abierto diligencias sobre el caso y ya ha llamado a declarar a los tres investigados , según han confirmado a ABC fuentes judiciales.
La fecha clave
La denuncia penal , a la que ha tenido acceso este periódico, fija como fecha clave el 26 de mayo de 2021 , cuando el S ervicio Andaluz de Salud (SAS) dictó la resolución administrativa de la mesa de contratación que acordó adjudicar el servicio de ambulancias, que complementa al del 061, a SSGA y a Pasquau , que forman una Unión Temporal de Empresas (UTE) . Un mes antes, el 30 de abril de 2021, la Junta abrió los sobres de los licitadores concurrentes y reclamó a la citada UTE documentación porque consideraba que había presentado la mejor oferta: entonces, le dio diez días para que la presentara y acreditara el cumplimiento de los requisitos para hacer efectiva la contratación.
En esas cuatro semanas, entre el 30 de abril y el 26 de mayo , es cuando, según los querellantes, se producen los supuestos hechos que a su juicio pueden constituir un presunto delito de corrupción entre particulares y otro de administración desleal. Y cuando el hoy presidente y exconsejero delegado del Consorcio de Transporte Terrestre , en su cargo hasta el verano del año 2021 , pudo realizar maniobras puestas ahora en solfa.
«Desconocemos si fue en este momento o en alguno anterior cuando dan comienzo las conversaciones y negociaciones entre los representantes legales de SSGA y Ambulancias Pasquau y M.B.P. en su calidad de presidente y consejero delegado de las principales empresas que conforman el Consorcio de Transporte Sanitario Terrestre de Córdoba, con total y absoluto desconocimiento del resto de los socios », indica la denuncia.
Y añade: «En dichas reuniones se instrumentan diferentes vías para conseguir acreditar ante la mesa de contratación que [los nuevos adjudicatarios] cumplen efectivamente los requisitos para la concesión».
Requerimientos de flota y de infraestructura
En otras palabras: el Servicio Andaluz de Salud empieza a pedirle documentación a la UTE elegida para hacerse cargo del desplazamiento por carretera de pacientes en Córdoba para comprobar que posee la flota y la infraestructura necesarias y evaluables. El expresidente del Consorcio que no logra la concesión le habría ayudado, siempre según el relato de la demanda, a reunir la documentación, y todo ello sin consultarle a las empresas que representa y disponiendo de sus activos a su antojo. ¿Por qué lo habría hecho? El texto de la denuncia penal apunta que para «obtener promesas de contratación laboral y réditos económicos », además de «prebendas y cargos a su favor».
¿Y qué es lo que hace el ahora exconsejero delegado para favorecer a sus competidores hasta hacía semanas? «Entre los instrumentos ideados se encuentra el contrato de alquiler del 6 de mayo de 2021 de la totalidad de los vehículos e instalaciones de las que son titulares las entidades denunciantes [esto es, cinco firmas del Consorcio de Transporte ]», reseña la denuncia que ha admitido la jueza a trámite y sobre la que ha abierto diligencias.
«Este contrato de arrendamiento fue suscrito por el señor M.B.P., interviniendo en nombre y representación de las entidades denunciantes pero a sus espaldas, sin someterlo a la aprobación de la Junta General de Socios y sin informar al Consejo de Administración (...), excediéndose así en su mandato de administración y ejecutándolo en todo caso con deslealtad , cuanto más se trataba de un arrendamiento que dejaba a las entidades denunciantes sin la disposición de sus ambulancias y de sus propias instalaciones», recoge el escrito acusatorio.
Licencia de apertura
De acuerdo a la versión de los redactores de la querella, el exconsejero delegado tramitó el 11 de mayo de 2021 ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba el cambio de titularidad de la licencia de apertura de un local que era propiedad d e Ambulancias de Córdoba —una de las empresas del Consorcio que representaba— en la avenida del Corregidor para que pasara a ser de SSGA y de Pasquau , la nueva UTE concesionaria.
Estas dos firmas, recalca la denuncia a la que ha accedido este periódico, hicieron valer ante la mesa de contratación del SAS esta propiedad para acreditar los medios materiales que poseían y que la Junta de Andalucía les exigía. Este periódico trató ayer, sin éxito, de contactar con la representación legal de las tres personas investigadas por la querella para que ofrecieran su versión de los hechos.
