Juristas piden más recursos frente al «desamparo» de las víctimas de violencia machista en la Córdoba rural

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha dado la voz de alarma sobre una realidad de la que se habla mucho pero en la que se hace poco: las severas desigualdades que sufren las mujeres víctimas de violencia de género dependiendo de si viven en la capital o en algún punto de la provincia. Lo hicieron dando voz a dos profesionales de la judicatura que trabajan en uno de los partidos judiciales con una falta de recursos humanos y materiales más acuciante, el de Peñarroya-Pueblonuevo. Allí, los cuatro funcionarios que trabajan en la actualidad hacen lo posible por sacar adelante un trabajo que les tiene asfixiados. Hasta el punto de que, en ocasiones, resulta imposible tramitar las demandas en tiempo y forma para poner en marcha las medidas de protección convenientes.

Al relato de esta dura realidad le pusieron voz Susana Torrecilla , procuradora en el Juzgado de número 1 de Violencia de Género en Peñarroya-Pueblonuevo, y Miriam Guzmán , que es letrada en ese mismo juzgado. Afirmaron que, aunque la ley reconoce a las víctimas una serie de derechos, no siempre existen los medios suficientes para garantizarlos. Según Torrecilla, «Córdoba es el patito feo de Andalucía» en este capítulo al tener atribuidos un menor número de trabajadores que otras provincias para el mismo servicio. El juzgado en el que trabaja funciona como un «cajón de sastre» que atendie asuntos de toda índole y que, cuando entra un caso de violencia machista, deja a un lado todo lo demás para atenderlo.

Miriam Guzmán criticó cómo la administración centra sus esfuerzos en convencer a las víctimas que denuncien pero, al hacerlo, las mujeres topan con una barrera difícil de franquear y demasiado lenta. «Partimos de la base de que la víctima se encuentra anulada. Logra reunir fuerzas para interponer una denuncia y plantar cara al agresor y se encuentra con el problema de que a los 30 días caducan las órdenes de protección. Tanto ellas como los menores vinculados a ese proceso no son ya solo víctimas de violencia machista , sino que además pasan a serlo del sistema judicial», denunció.

«El juzgado llama a todas las puertas, ha pedido auxilio, pero está atado de pies y manos», explicaron las juristas. A su juicio, hacen falta al menos dos trabajadores más en el juzgado de esta localidad. La procuradora catalogó la situación de «caos» hasta el punto de que uno de los funcionarios ha llegado a sufrir un ictus por sobrecarga de trabajo. El caso de Peñarroya-Pueblonuevo , explicó, es asimilable al de otros partidos judiciales de la provincia, que se encuentran en la misma situación.

A esto se suma que el número de mujeres que denuncian maltrato en el ámbito rural es cuatro veces superior al de entornos urbanos. Así lo defiende la asesora jurídica de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres , Gloria Serrano, que recalcó el aislamiento de estas víctimas y la «revictimización» a la que se enfrentan. «El proceso no acaba con la denuncia: es el motor de impulso, a veces es tortuoso, burocrático, y las víctimas tienen que declarar hasta en tres ocasiones», afirmó.