TRIBUNALES

El jurado declara culpable de «una muerte alevosa» al anciano que asesinó a su mujer enferma en Iznájar

Considera probado por unanimidad que el acusado no actuó «por un móvil humanitario», como él defendía

El acusado de 95 años de asesinar de 42 puñaladas a su mujer en Iznájar: «La maté por amor; enloquecí al verla enferma»

Sala donde se celebró el juicio con jurado ABC

S. L.

El jurado ha emitido ya un veredicto en el juicio que se ha seguido esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba contra un hombre por matar a su mujer en Iznájar de 46 puñaladas : considera no probado por unanimidad que el acusado de 95 años, que asesinó a su esposa, enferma de alhzeimer, el 29 noviembre de 2019, actuara «por un móvil humanitario» , así como que tampoco diera «muerte a su esposa por amor y por evitarle la situación de deterioro progresivo a la que la misma estaba evolucionando», como defendió durante el juicio.

No obstante, el jurado cree que el procesado cometió los hechos «con su capacidad parcialmente mermada» , algo en lo que «influyó su estado de depresión y el deterioro progresivo en el que se encontraba la víctima», sobre todo, desde el incidente que días antes de los hechos la había postrado en la cama, con una herida de arma blanca, «de la que no se descarta la autolisis». «La situación le desbordaba» al acusado.

Así lo ha expuesto el jurado en este juicio que queda visto para sentencia , después de declarar culpable de «la muerte intencionada y alevosa» al varón, con «situación de alteración parcial de las facultades » que « mermaba sus facultades psíquicas ». A ello el veredícto añade que no está probada «la colaboración activa, personal y directa» por el procesado «en el suicidio de su esposa que partía de la petición expresa, seria e inequívoca de esta al padecer muy graves y permanentes padecimientos díficiles de soportar».

Además, el jurado ha pedido que no se le conceda la suspensión de la pena ni el indulto . Al respecto, la Fiscalía y la acusación ejercida por la Junta de Andalucía solicitan 20 años de cárcel, mientras que la defensa pide que se considere como un delito de cooperación al suicidio, con pena máxima de seis años.

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