La Junta tiene sin justificar 49 millones en ayudas desde 2005

LA Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha calculado en 48,87 millones de euros la cantidad de dinero concedido en cursos de formación de la Junta para la provincia de Córdoba y que no ha sido nunca justificado conforme a los requisitos que exige la legislación. La cantidad, que es verdaderamente brutal, es apenas una parte del dinero que se movió en materia de cursos de formación en los años boyantes de la actividad.

El cálculo realizado por los expertos de la Guardia Civil surge de cruzar dos variables. La primera es las cantidades anuales sobre las que la Intervención General de la Junta llamó la atención de que contaban con problemas de gestión administrativa de distinto signo. Este dato asciende a más de cincuenta millones. El segundo dato a tener en cuenta es el dinero que efectivamente se ha reclamado por parte de la Junta a las entidades que no acreditaron que todo estaba correcto en tiempo y forma. Ese dato asciende a 1,5 millones de los que solo una pequeña parte se encuentran en periodo de apremio, es decir, con embargos. Una resta entre ambos conceptos genera la cifra resultante de 48 millones de euros.

Lo que han planteado los investigadores de la Guardia Civil es que la Junta aborde un dato de relevancia crucial . Cuál es el menoscabo exacto de fondos públicos que se ha producido en esta materia. La palabra concreta es «prescripción». Técnicamente, es el momento a partir del cual no se puede reclamar una cantidad. Según la legislación general de subvenciones, existe un plazo de cuatro años a partir del cual toda obligación de esta naturaleza decae. La norma obliga a contar desde el momento en que se ha producido una inacción de la Administración en el propósito de recuperar el dinero.

Un análisis detallado de los datos de la Guardia Civil asegura que la Junta estuvo muchos años sin poner alertas a pesar de que se movieron muchos millones de euros en materia de control de este tipo de subvenciones. En concreto, existe un patrón donde los llamamientos de actuación de la Intervención de la Junta son muy reducidos que va desde 2005 a 2010. De 2011 en adelante, cuando la formación empieza a ser un asunto de disparadero político, la actividad de petición de responsabilidades se dispara. En octubre de 2010, se produce la primera piedra de toque en la materia. El entonces todopoderoso vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco, dimite para detener el escándalo de las noticias sobre la concesión de ayudas a formación a la academia propiedad de su esposa.

En 2014, se produce la apertura de los dos casos sobre fraude en la formación que están abiertos en estos momentos: la operación Edu, que investiga la Policía Nacional, y el de fraude de formación, que empezó a indagar la Guardia Civil por orden del juzgado de instrucción que dirigía la juez Alaya y ahora lleva la juez Bolaños.

Por la pieza que indaga el instituto armado, se produjeron diversas detenciones el pasado mes de marzo. En concreto, la Guardia Civil detuvo al exdelegado de Empleo y exalcalde de Pozoblanco, Antonio Fernández , y a la que fuese directora general de Formación, María José Lara. El exjefe de servicio de Formación de la Junta, Manuel Gavilán, se encuentra también imputado en ese procedimiento.