EDUCACIÓN
La Junta de Andalucía retira los conciertos a los centros cordobeses de Zalima, Yucatal y Torrealba
La Consejería de Educación alega la discriminación por sexo pese a dos sentencias en contra
![Una profesora imparte clases en el centro educativo Yucatal (Posadas)](https://s2.abcstatics.com/media/andalucia/2017/02/19/s/YUCATAL-ZALIMA-JUNTA-kWtF--620x349@abc.jpg)
La presidenta de la Junta de Andalucía , Susana Díaz, no ha tardado ni una semana en desdecirse con la postura ante la enseñanza concertada . Mientras anunciaba en Córdoba el lunes en una reunión de partido que « no se va a retirar ningún concierto educativo a la enseñanza concertada », los centros cordobeses de Yucatal (Posadas), Zalima y Torrealba (Almodóvar del Río) recibían tres días después un proyecto de orden anunciando la denegación de renovación del concierto educativo .
En el proyecto de orden firmado con fecha de 17 de febrero por la delegada de Educación en Córdoba, Esther Ruiz, alega, pese a las dos sentencias en contra , al artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora educativa que « no habrá discriminación del alumnado por razón de sexo », dado el carácter diferenciado de estos centros. Igual resolución han recibido este pasado viernes 17 de febrero Zalima y Torrealba, de Córdoba, y los centros de las hermanas de Santa Angela, Altair, Ribamar, Albaydar y el Chato en Sevilla.
Este proyecto de orden, al que se pueden presentar alegaciones en un plazo máximo de diez días , no era de esperar ya que la Consejería había avanzado que se renovarían dado que estaba pendiente la resolución del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo , aún cuando ya se dictó sentencia favorable a la concertación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de acuerdo con LOE , ley orgánica, vigente. La presidenta Susana Díaz ha vuelto, de esta manera, según fuentes de los centros diferenciados afectados en Córdoba, a jugar con las familias afectadas cambiando de criterio a última hora para evitar « mareas educativas », y con gran menosprecio a la legalidad vigente, al parecer ni aun con sentencia del Tribunal Supremo está dispuesta la administración a modificar su criterio.