Conflicto de competencias

La Junta prepara alegaciones a la ley que permite intervenir la gestión de la Mezquita de Córdoba

La consejera Del Pozo considera el texto del Gobierno como una invasión de competencias

Patricia del Pozo, consejera de Cultura Vanessa Gómez

Rafael Ruiz

La consejera de Cultura, la popular Patricia del Pozo , ha anunciado la presentación de alegaciones contra el anteproyecto de ley de Patrimonio tras recibir, ayer mismo, una copia del texto aprobado por el Consejo de Ministros. El documento supone una recentralización de las competencias sobre los principales monumentos, los que fueron reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, en los que el Ministerio de Cultura se reserva siempre la última palabra por medio de un patronato en el que siempre tendrá mayoría. El proyecto le da un instrumento al Gobierno central para intervenir la gestión de la Mezquita de Córdoba .

Del Pozo explicó que es una oportunidad perdida porque lo que tocaba realizar no es una reforma de una ley existente sino una modificación de la norma que en 35 años ha dado serios problemas de compatibilidad entre la conservación y la actividad económica. La consejera aseguró que con este marco legal es donde se ha producido el vaciamiento de los centros históricos.

La consejera de Cultura afirmó que, tras el primer estudio de la reforma que prevé el Ministerio de Cultura , «se recortan competencias a las comunidades y se crean nuevos órganos administrativos». Se toca, dijo, lo que funciona y no se trae nada de lo que estaban pidiendo los gobiernos autonómicos.

Del Pozo explicó que, tras las ideas que aparecen plasmadas en el texto que ha pasado por el Consejo de Ministros suponen una invasión de las competencias tanto autonómicas como municipales. «Desde Andalucía no lo vamos a permitir», explicó. La comunidad andaluza tiene quince declaraciones de Patrimonio de la Humanidad que se están conservando «a pulmón», que funcionan bien, que tienen lo consejos de coordinación y los planes directores. «No toleraremos injerencias», dijo. La consejera acusó al Gobierno de no tener ningún problema para ceder poderes y competencias a algunas comunidades y montar un ataque a otras comunidades, las que más patrimonio histórico tienen.

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