La Junta pide diez años de prisión para Juana Martín y dos familiares

Los abogados de la Junta de Andalucía (en concreto, de la sociedad Inverseed, heredera de Invercaria) han pedido duras penas de prisión para la diseñadora Juana Martín y dos familiares directos consejeros de su empresa en el procedimiento penal que se sigue por denuncia directa de la Administración autonómica.

Si la Fiscalía ha pedido tres años de cárcel por alzamiento de bienes para todos acusados (tres personas físicas y dos mercantiles, que obviamente no pueden ingresar en prisión), los abogados contratados por Invercaria han elevado en listón de la pena. Considera la acusación particular que estas tres personas son responsables de presuntos delitos de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes y de estafa agravada (de carácter procesal).

Si la petición de la Fiscalía no supone ingreso en prisión, la de la Junta sí. En concreto, por el primero de los presuntos delitos reclama cuatro años para los querellados mientras que por el segundo pide al tribunal seis años. En total, diez años de prisión .

El proceso es una pieza separada del caso Invercaria que se produce con posterioridad a la imputación de Juana Martín en la trama madre. La empresa de la Junta quiso reclamar el millón de euros en préstamos participativos que concedió a la diseñadora. En ese proceso, el único bien exigible era una vivienda en el barrio de San Pedro recientemente valorada en 1,3 millones de euros .

La casa era propiedad de Juana Martín Andalucía SL , la mercantil creada para vehicular la inversión de la Junta en la carrera profesional de la diseñadora. Al fallar la inversión, una empresa que es propiedad de la modista, J uana Martín Diseño SL , reclamó una deuda anterior y embargó la casa. Los letrados de la Junta y la Fiscalía consideran que la profesional se embargó a sí misma para eludir el pago de los créditos concedidos por el presupuesto autonómico. La propia adquisición de la vivienda se realizó con fondos y la intermediación de ejecutivos de Invercaria.

La jueza que instruye el caso entiende que hay indicios de delito. El procedimiento penal se inició por una querella de los gestores de Invercaria, que han de dar cuenta a los jueces qué están haciendo para recuperar el dinero prestado.

Tanto el fiscal como el letrado contratado por la Junta han pedido a la jueza, que así lo ha acordado, que prohíba a la diseñadora disponer de la vivienda, con el objetivo de evitar su venta . Además, reclaman como pena accesoria que la sociedad mercantil de Juana Martín devuelva la propiedad de la casa a la empresa creada para recibir la inversión de dinero público.