La Junta paga más de 2.400 euros al mes a dos delegados para costear sus viviendas en Córdoba

La Junta de Andalucía ha hecho público el listado de los altos cargos que recibieron indemnizaciones mensuales por vivienda y alojamiento durante el último trimestre de 2017. Entre el medio centenar de nombres que forman parte de esta lista están los de delegados territoriales cordobeses como el de Medio Ambiente en Córdoba, Francisco de Paula Algar , o la de Fomento y Vivienda, Josefa Vioque . Ambos reciben más de 1.000 euros al mes para pagarse un alquiler en la capital pese a vivir en la provincia: Algar es natural de Lucena y Vioque de Villanueva de Córdoba . El caso del delegado de Medio Ambiente destaca especialmente porque el suyo es uno de los «sobresueldos» más altos de la lista: percibe 1.357 euros al mes , más del doble del salario mínimo interprofesional. La misma cantidad que recibe, por ejemplo, el consejero de Fomento, Felipe López , al que la Junta paga una vivienda en Sevilla al ser natural de Jaén. Según el registro de bienes de altos cargos , en 2015 Algar tenía en propiedad dos viviendas en Málaga y otras dos en la provincia de Córdoba, además de siete cocheras, aunque ha modificado en varias ocasiones su declaración de bienes.

En el caso de la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Josefa Vioque , el Gobierno andaluz abona cada mes 1.055 euros para que pueda pagar el alquiler de su alojamiento en la capital. Se da la circunstancia de que ambos han hecho carrera política en la provincia, donde tienen su residencia habitual. Las elevadas cifras que perciben contrastan con las cantidades que reciben otros responsables políticos, como la directora general de Consumo, la fernannuñense Isabel Niñoles , que percibe cada mes una indemnización de 724 euros en concepto de vivienda. Esta responsable tiene su residencia habitual en Fernán Núñez y el despacho en Sevilla. Según el registro de bienes de altos cargos, Vioque no tiene viviendas en propiedad.

Esos son los datos del portal de transparencia de la Junta relativos a las retribuciones de altos cargos del último trimestre de 2017, un listado en el que, además, sorprenden las ausencias: en el listado no aparecen la gran mayoría de los cargos cordobeses que no tienen su residencia habitual en la capital. No están, por ejemplo, la delegada del Gobierno, Esther Ruiz , que es de Aguilar de la Frontera y ejerce como secretaria general de PSOE en Fuente Obejuna. Tampoco está el delegado de Agricultura, Francisco Zurera , natural de Aguilar, ni la consejera de Justicia, la exalcaldesa Rosa Aguilar , o la que fuera directora del Hospital Reina Sofía, Marina Álvarez , que ahora ostenta la cartera de la Consejería de Salud. Ambas son cordobesas y trabajan en el Parlamento Andaluz, con sede en Sevilla, pero según los datos de la Consejería de Hacienda ninguna de ellas percibe dinero alguno para pagarse el alquiler de un piso.

La forma en la que se reparte el presupuesto que el Gobierno andaluz reserva para pagar el alojamiento de sus delegados, consejeros, secretarios generales o directores es bastante discrecional. Esta indemnización fue instaurada por el Consejo de Gobierno en el año 2000, aunque no se hizo público. Los números tampoco estuvieron a disposición de la ciudadanía hasta 2015, cuando el Gobierno andaluz se vio obligado a publicarlos en virtud de la Ley de Transparencia . El acuerdo marca un límite para estas indemnizaciones, y corresponde al político decidir cuánto se acerca a ese tope. En concreto, es el 2,5 por ciento de las retribuciones anuales para los directores generales en la Ley de Presupuestos. De acuerdo con esta fórmula, el tope estaría en los 1.357,7 euros, puesto que un director general gana 54.308,60 euros anuales. Esa es exactamente la cuantía que percibe Algar .

No es fácil acceder a esta información. En el apartado relativo a las retribuciones de altos cargos, la página web de la Junta de Andalucía remite a una Ley de Presupuestos en la que el concepto de indemnización por alojamiento no aparece por ninguna parte. Sí establece el sueldo que deben cobrar los distintos miembros de la corporación en función de su cargo y los complementos y pagas adicionales de las que pueden disfrutar al año. En última instancia, la cantidad que pueden percibir depende de la vivienda que decida alquilar el político, aunque sí existe un criterio de proximidad : para acceder a esta indemnización, los altos cargos de la Junta sólo tienen que acreditar tener su residencia habitual a más de 60 kilómetros de su despacho. Lucena está a 75,3 kilómetros de Córdoba.