La Junta no autoriza la venta libre de las VPO del Plan Renfe de Córdoba

La Junta de Andalucía está denegando la descalificación anticipada de las viviendas construidas con régimen de protección oficial construidas en el plan parcial Renfe, lo que significará que evitará con las armas que tiene en su mano que estos pisos salgan al mercado libre antes de los plazos estrictos que marca la regulación que les afecta. La Consejería de Fomento ya ha tomado decisiones en este sentido y existen ya hasta pronunciamientos judiciales que refrendan esta postura de propietarios que han decidido litigar la negativa.

La descalificación anticipada es la figura recogida en la legislación para que, de forma legal, el propietario de una VPO pueda fijar libremente el precio de compraventa de su vivienda . Habitualmente, se puede pedir pasados diez años de la calificación definitiva, cuando se acredita que se llevan cinco años viviendo en el piso y cuando no se perjudica a terceros. Como es lógico, se trata de un proceso en el que el solicitante tiene que devolver todas las ayudas recibidas como, por ejemplo, los subsidios de los intereses del préstamo hipotecario.

Para explicar esta circunstancia, hay que remontarse a mediados de los años noventa, cuando se estaba tramitando la reparcelación y urbanización de los terrenos. Los suelos liberados del ferrocarril movieron más de 400.000 metros cuadrados de suelo, de los que casi el 70 por ciento eran de propiedad municipal ya que el Consistorio decidió adquirirlos para reinvertir las plusvalías.

Originalmente, bajo el mandato de Rafael Merino, se reservó un 33 por ciento de VPO , muy por encima de los estándares obligatorios de la época. Los partidos de izquierda consideraron que era poco. Como el PP no tenía mayoría absoluta, IU y PSOE forzaron un acuerdo para que la reserva de VPO fuese del 50 por ciento de las más de 2.000 viviendas que se encontraban dentro del ámbito. No podían ser, decían, sólo para familias pudientes .

La consecuencia fue que en un mismo sector se concentraron algunas de las parcelas más caras de la época , con incrementos sobre el precio de tasación del 60 por ciento , junto a edificios completos de VPO. La inversión que se generó fue de 20.000 millones de pesetas ( 120 millones de euros ) y los ingresos públicos ascendieron a 13.000 millones de pesetas (unos 78 millones de euros). Los tribunales dan la razón a la Junta de Andalucía. Consideran las sentencias que la forma en la que se redactó el plan parcial obliga a establecer esa cautela hasta su máximo umbral posible . Los pronunciamientos judiciales explican que la postura del Gobierno andaluz en esta materia es procedente porque el plan parcial se redactó expresamente «para disponer en el mercado de un parque de viviendas protegidas suficiente para atender la demandas residenciales de segmentos no pequeños de la población».