La Junta dio dos millones a una entidad de Montilla por cursos que no ofreció

El fraude de los ERE hizo que los andaluces se familiarizaran con un término: intruso . La Guardia Civil catalogaba así a los perceptores de abultadas pólizas subvencionadas por la Junta de Andalucía que se prejubilaron en empresas donde nunca habían trabajado. Pero el intrusismo también hizo su particular agosto en Andalucía al calor de las ayudas para cursos de formación a desempleados . La Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional califica a la Asociación Promoción y Desarrollo Tecnológico (Apropyme) como «entidad intrusa». Recibió dos millones de euros repartidos en siete ayudas entre marzo de 2010 y agosto de 2012.

Tres de estas subvenciones fueron concedidas por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva , donde «dicha asociación no posee centro de trabajo ni desarrolla actividad, legalmente registrada», según señala el informe policial remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de esta provincia. Los investigadores sostienen que la entidad, presidida por Demetrio Cruz Jiménez , actual presidente de la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo), «acude a esta provincia para la percepción de subvenciones», en contra del «espíritu de la normativa», que estipulaba que las ayudas debían ser concedidas a empresas que desarrollasen su actividad en la provincia.

La investigación se centra en una ayuda por importe de 72.922,50 euros aprobada mediante una resolución el 21 de febrero de 2011 y destinada a la organización de dos cursos: uno de diseñador de web y multimedia y otro de aplicaciones informáticas de gestión. A la vista de los gastos que declara, la Policía llama la atención sobre el hecho de que Apropyme no realizó ninguno de los dos cursos por sí misma, sino que subcontrata «de manera irregular» tanto los monitores como el alquiler de las aulas con la entidad Ceandem. El 60 por ciento de la subvención se imputa a la entidad subcontratada: 31.034 euros en concepto de arrendamiento de aulas y 12.719 euros a nombre del Andrés José O. O., administrador de Ceandem y docente. La orden que regula estas ayudas establece con nitidez que «no se puede subcontratar más del 50% de la subvención».

Esta subcontratación «encubierta» es, a juicio de los investigadores, «un indicio más no sólo del intrusismo de esta asociación en las subvenciones de Huelva, sino además de la falta de idoneidad en la concesión ». Con una mera observación de los documentos aportados a la Junta, exponen, «se podía haber comprobado cómo esta empresa no tenía intención de impartir los cursos por sí misma, siendo además esa práctica una de las usadas para crear la opacidad necesaria a fin de llevar a cabo en su facturación el desvío del capital concedido».

Los agentes acordaron la imputación de tres empresarios vinculados a este expediente por supuestos delitos de fraude en la obtención de subvenciones, falsedad documental y estafa . Sin embargo, el juez de Huelva ha archivado la causa contra Apropyme, al igual que otras 18 empresas, porque las ayudas recibidas no superan los 120.000 euros , cuantía mínima para que se considere que ha existido un delito de fraude de subvenciones.