La Junta llevaba residuos al vertedero de Córdoba sancionado que ardió

La Junta de Andalucía no solo fue la administración tutelante de los permisos ambientales del vertedero de Recicor que ardió hace dos semanas. Es también uno de sus clientes, en concreto, de los que manejan un mayor nivel de residuos, por ejemplo, por su trabajo de obra pública. Al menos, eso es lo que asegura la información corporativa de la empreas propietaria, que destaca entre sus clientes de más caché a la Administración autonómica, que no detalle cuáles son los departamentos que depositan los restos de sus actividades en las instalaciones que están siendo objeto de investigación.

No se trata de la única Administración que aparece entre las entidades que contrataron el depósito o transformación de residuos en la planta. El Ministerio de Defensa o la gestora de equipamientos penitenciarios del Ministerio del Interior también hizo uso de estas instalaciones en el transcurso de sus actuaciones. Esta última organización del Estado es la que demolió la antigua prisión de Fátima y trabaja.

Se trata de un hecho constatable que, tras la propiedad de la planta, se encuentra uno de los grupos de alquiler de maquinaria y de labores auxiliares de la construcción con más trayectoria de esta rama económica. Ello ha llevado a que la mayor parte de las grandes constructoras del país, y alguna extranjera, operen con esta firma. La empresa tiene además uno de los departamentos de descontaminación de fibrocemento (que tiene el amianto entre sus componentes) más reputados. La Consejería de Educación lleva meses impulsando un plan para retirar las placas de este material que se vendieron de forma profusa durante años, entre otras, por la empresa Uralita.

Se trata de labores que se tienen que realizar de una forma muy determinada para evitar que las personas que se encuentran cerca inhalen los residuos de este material, que generan enfermedades pulmonares de carácter muy grave.