La Junta aún debe la paga extra de 2012 a más de 24.000 empleados públicos en Córdoba

Como en el cuento de Dickens, la paga extraordinaria se ha convertido en el fantasma de las Navidades pasadas. Concretamente, las de 2012. Entonces, el Gobierno central anunció que retendría el dinero de los empleados públicos y que lo devolvería cuando lograra vencer al monstruo del déficit y cumplir con la Ley de estabilidad . La crisis económica daba sus peores azotes y el Estado dictó la orden, que acataron el resto de administraciones públicas.

Aunque Hacienda no dio márgenes al exigir la retención de la paga a ayuntamientos y autonomías, sí dejó su devolución en sus manos en función del calendario que marcara su coyuntura financiera. Hoy por hoy, en Córdoba, la Administración local se ha puesto al día, según indican sindicatos como CSIF o CTA, y el Gobierno central ya ha anunciado el abono del montante que le falta, que será incluido en las nóminas de abril o mayo, dependiendo del sector profesional.

En este contexto, la Junta de Andalucía llega tarde. Muy tarde. El Gobierno andaluz sólo ha devuelto a sus trabajadores públicos en torno a un 25 por ciento de la deuda pendiente. Según las estimaciones de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), son más de 24.000 los empleados públicos de la Junta en Córdoba y a todos ellos se les deben aún tres cuartas partes de la paga extraordinaria retirada en 2012.

¿Cuánto supone, en euros, esa deuda? Teniendo en cuenta que el recorte de este salario a los 250.000 empleados públicos de toda Andalucía supuso para las arcas de la Junta un ahorro de unos 350 millones , la cuantía que correspondería proporcionalmente a la cifra de trabajadores dependientes de la Administración autonómica en Córdoba es de unos 33 millones. De esta cantidad ya se ha pagado una cuarta parte (8 millones), por lo que quedarían por abonar los 24 millones restantes.

Tal y como está denunciando CSIF, los empleados públicos de la Junta ven un agravio comparativo entre su situación y la de sus homólogos de otras administraciones. La Junta no ha anunciado nuevos plazos para su devolución y este hecho no contribuye a mitigar el enfado de los trabajadores que aún recuerdan vívidamente el golpe que les supuso la medida en 2012 .

Una de ellas es Flora Moral , una maestra jubilada que lamenta que aquel año, «lógicamente», su familia se quedó sin vacaciones. Un hecho que «no me habría importado si todos los andaluces hubiésemos arrimado el hombro por igual , pero no ha sido así». Flora Moral lamenta que «todos conocemos casos de despilfarro, corrupción y mala gestión» y «me enfada mucho que en este país siempre paguemos los platos rotos los que vivimos de una nómina». Su enfado va dirigido al ejecutivo de Díaz, pero también al de Rajoy, del que critica que «tampoco me parece bien que se utilice un derecho -cobrar la paga extra atrasada- con fines electorales ».

Por su parte, a Manuel Sarmiento , técnico especialista en mantenimiento en el Hospital Reina Sofía, con el sueldo recortado en un 5 por ciento desde 2010, le resulta «ilógico» que, si la retirada de la paga extra fue una orden tajante del Gobierno central llevada a cabo simultáneamente por todas las administraciones, la devolución de la misma responda ahora al criterio y los tiempos de cada administración. «En este país siempre ha habido diferencias , incluso entre los propios trabajadores públicos», lamenta.