La Junta, condenada a pagar 1,5 millones al Ayuntamiento de Lucena por la autovía del Olivar

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que imponía a la Administración autonómica el pago de cinco parcelas de titularidad municipal ocupadas por la Consejería de Obras Públicas en 2005 para la construcción del tramo Lucena-Cabra de la Autovía del Olivar (A-318). Ahora el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso, alegando para ello que no se superan los 600.000 euros por finca registral ocupada, que es lo que marca la ley para poder recurrir el fallo del tribunal andaluz.

El letrado del Ayuntamiento de Lucena , Francisco Ruiz Palma, ha dirigido la defensa de los intereses municipales en este caso, que todo apunta quedará cerrado con el fallo del Supremo . Y es que según fuentes consultadas por este periódico, contra esta decisión no cabe ningún recursos en tribunales, por lo que la Administración regional tendrá que pagar tanto el millón de euros en que se estipuló el justiprecio de los terrenos, así como los más de 500.000 euros adicionales fijados en concepto de intereses.

La decisión del Ayuntamiento de acudir a los tribunales en defensa de sus intereses llegaba después de que resultasen infructuosas las conversaciones mantenidas con la Junta a lo largo de los años para reivindicar el dinero . La institución regional siempre mantuvo la improcedencia de dicho pago, pese a haber sido la propia Consejería de Obras Públicas la que inició el procedimiento de expropiación y fijó documentalmente el precio de los suelos ocupados.

Izquierda Unida , primero junto al resto de grupos de la oposición y más tarde desde el propio cogobierno con el PSOE, defendió que era de justicia el pago del justiprecio y que la Junta no podía compensar al Consistorio lucentino con otras obras e intervenciones realizadas en Lucena en el entorno de la autovía en fecha posterior, como quedaba recogido en el fallido protocolo firmado en su día entre Rosa Aguilar y José Luis Bergillos , entonces Consejera de Obras Públicas y alcalde de Lucena respectivamente, un protocolo que el Pleno municipal nunca llegó a suscribir.