Juicio al pasado

En noviembre de 2006 , el Cuerpo Nacional de la Policía realizó las catorce primeras detenciones de empresarios de la joyería calificadas bajo la carpeta de «Operación Fénix» . Con el tiempo, la Justicia ha determinado que se deben sentar en un banquillo un centenar de personas en la que va a ser la vista pública más nutrida de todas cuantas se han llevado a cabo en Córdoba. Se les acusa de desarrollar o participar en una trama de venta de oro por medio de sociedades interpuestas para ahorrarse la tributación de IVA . La matriz corporativa del negocio estaba en Suiza, un país conocido por su opacidad bancaria , y el comercio, según los informes del fiscal, se desarrollaba por medio de un sistema de cinco empresas pantalla, envíos por paquetería y mayoristas con el objetivo de ocultar las transacciones a la Agencia Tributaria.

Algunos de los imputados han muerto . Otras de las sociedades mercantiles implicadas en este asunto han cambiado de manos o se han extinguido por sus propietarios originales. La conclusión de la fase de investigación propiamente dicha data de julio de 2014 y la vista oral, prevista para la primavera de este año, dependerá, entre otros factores, de la disponibilidad de la nueva Ciudad de la Justicia, uno de cuyos copropietarios se encuentra con un pie en el concurso de acreedores.

El 29 de julio de 2010 , una empresa prácticamente desconocida, llamada Tecris, adquirió una firma en apuros , Laboratorios Pérez Giménez . Esa empresa estaba liderada por el empresario José Enrique Rosendo, fallecido, quien en su día estuviese muy relacionado con el PSOE sevillano. La farmacéutica había sufrido una gestión horrorosa en los años anteriores hasta verse abocada a una crisis dramática. En las películas de vaqueros, cuando el héroe está herido en el desierto los buitres empiezan a a volar a su alrededor.

Tecris pagó un euro por Pérez Giménez asumiendo 49 millones de deuda . Las investigaciones realizadas hasta el momento han determinado que la Junta pagó subvenciones de seis ceros cuando la empresa era ya un zombi. En 2011, el principal dueño de la firma salió de la firma. La legislación concursal, supuestamente un instrumento ágil para la superación de quiebras, se topó con una ristra de empresas dispuestas a comprar cada vez menos claras, que prometían pero no aportaban siempre con excusas de lo más peregrino.

La Fiscalía acaba de interponer una denuncia contra siete antiguos gestores a raíz del informe presentado por los administradores concursales en el que alertaba de la gestión irregular. El principal motivo de la denuncia es la supuesta comisión de un presunto delito de apropiación indebida , según adelantó Pilar García-Baquero en este periódico. Como corresponde, el caso será turnado en el juzgado de Posadas , uno de los más saturados de la provincia de Córdoba. Dicha sede judicial se consideró oficialmente «conflictiva» en 2000 por los grandes retrasos . La denuncia presentada por la Fiscalía solo es el inicio del camino. El procedimiento penal, pendiente de admisión, tiene que dar todos los pasos que podrían conducir, o no, a una vista oral.

El 23 de octubre de 2013, la Guardia Civil entró en la vivienda de la antigua alcaldesa de Peñarroya y exmiembro de la ejecutiva andaluza del PSOE, Luisa Ruiz. El procedimiento se refiere a la gestión de las ayudas Miner para facilitar la transición de la economía minera, en extinción, a otras alternativas. Los agentes creen que Ruiz pactó con determinados empresarios el desarrollo de proyectos vulnerando, presuntamente, las normas básicas de competencia, contratación y control de precios. El procedimiento llegó a contar con 20 personas investigadas (antes, imputadas) en un juzgado como el de Peñarroya sometido a varios cambios de titular y escasez de personal. La Junta denegó varias veces refuerzos al considerarlo innecesario . Recientemente, se acabó de escanear la documentación disponible y, al parecer, el actual instructor del caso ha determinado un impulso en las investigaciones.

Hace apenas unas semanas, ha entrado en prisión el exalcalde de la ELA de Encinarejo Miguel Martínez Múrez , quien ha sido considerado culpable de delitos mientras estuvo en el cargo en una decena larga de ocasiones de catorce que se sentó en el banquillo. Múrez cumple una pena de dos años de prisión por la gestión de una ayuda de la Junta por la construcción de una torre mirador. Previamente, fue condenado a cárcel en una ocasión (sin llegar a los dos años mínimos que implican el ingreso en prisión) por apropiarse del dinero de una licencia de obras. El expolítico del PSOE y del PA dejó de ser alcalde hace justo diez años.

Vistos todos estos casos, conviene preguntarse si cuando se debate sobre la Justicia (en un lugar donde no se ha sentado nadie en el banquillo por la trama ERE desde su apertura hace seis años) no estamos apuntando a la Luna y mirando el dedo .