Juicio Fénix | El mayor caso de fraude fiscal de Córdoba acaba en un gran fiasco del sistema

El 8 de noviembre de 2006, tras aproximadamente un año de inestigación preliminar, agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera iniciaron la fase de explotación de la llamada operación Fénix . Decenas de empresas de Córdoba dedicadas a a la joyerían fueron visitadas -con órdenes de entrada y registro- y sus responsables detenidos por presuntos delitos de evasión al fisco. La lectura continuada de los nombres sobre los que se iniciaron las pesquisas, que llegaron a ser unas 115 personas, constituye un árbol genealógico de la actividad joyera en Córdoba.

Nada de segundas filas. Entre los empresarios que han sido absueltos se encuentran de esas largas sagas familiares que se encuentran tanto en la actividad orífice pero a los que también es posible seguirle el rastro hasta actividades como la construcción o la hostelería. La acusación, como es conocida, es usar un agujerito de la legislación tributaria del oro que tiene una distinta tributación en función de la finalidad a la que es derivado, si para inversión o para manufactura. El caso se fundamentaba en la creación de sociedades interpuestas para transferir el oro, pagar por él pero ocultarle a Hacienda su verdadera finalidad ahorrando un buen dinero en impuestos. Entraba en España con destino a la inversión y acababa como anillos de bodas o pulseras para pedidas. Según la Fiscalía, 150 millones de euros en apenas cuatro años.

No era la primera vez que la joyería cordobesa -o un número relevante de profesionales dedicados a la misma- tenían problemas. Las primeras actas de inspección en serie comenzaron a llegar hace ahora veinte años y causaron un auténtico pánico en el sector , que ha tenido atávicas formas de operar ajenas al control administrativo. Entonces, la legislación penal era otra y todo acabó en un larguísimo rosario de reclamaciones económico-administrativas, muchas de las cuales no acabaron muy mal de todo para los inspeccionados.

Fénix supuso un cambio de pantalla . Ya no había inspectores de Hacienda más o menos comprensivos. Se trata de actividades que se desarrollaban en el plano policial y judicial. Con las brigadas de delincuencia organizada y delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía actuando de la mano de un juzgado de instrucción en Barcelona y Córdoba. Con una legión de abogados y procuradores. La vista oral de la causa ha sido la más numerosa de cuantas se han desarrollado en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Tanto, que hubo que arbitrar un operativo concreto.

La gran operación fiscal ha resultado ser un fiasco, el mayor . La jueza de lo penal que ha estudiado el asunto ha escrito 280 folios que son 280 zurriagazos contra la investigación desarrollada. Lo que cuenta, a grandes rasgos, es que para cometer un delito y que te sentencien por ello hay que establecer las pruebas suficientes para que el tribunal pierda toda duda sobre el relato establecido. Buena parte de la sentencia se fundamenta en argumentos técnicos, de carácter fiscal. La parte más sustanciosa tiene que ver con la impresionante falta de medios personales y técnicos como para acometer una investigación de largo alcance por los operativos policiales, tributarios y judiciales. En algunos casos, se cuentan situaciones que rayan la mala praxis en materias como la gestión de pruebas.

El caso Fénix ha consumido quince años desde que el inspector de Hacienda inició la primera acta en Barcelona hasta la sentencia que establece que no hubo delito. Decenas de miles de folios, horas y horas de trabajo policial y judicial. Mucho dinero del presupuesto público ha volado. La conclusión es que no hubo nada.