Tribunales
Juicio Baños de Popea Córdoba | Lanzan una campaña para reunir fondos y pagar las multas de los profesores condenados
Sindicatos y Marea Verde exigen seguridad jurídica para los docentes en las actividades extraescolares tras la sentencia por el ahogamiento de un estudiante
Los sindicatos UGT, CSIF y CGT exigen seguridad jurídica para los docentes en actividades extraescolares tras la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba que condena a sendas multas de 3.600 euros por un delito de homicidio por imprudencia profesional menos grave supuestamente cometido por dos profesores al morir Juan David, un niño de unos 13 años, ahogado en la zona de los Baños de Popea durante una excursión de un instituto en mayo de 2018.
Además, tanto CGT como la asociación Marea Verde han hecho un llamamiento a la sociedad en su conjunto para apoyar a los dos compañeros a través de las concentraciones organizadas y la recaudación de fondos para financiar multas, costas y recursos .
Desde las redes sociales Marea Verde ha convocado este mediodía concentraciones de solidaridad a las puertas de los distintos IES de los profesores de otros centros de toda la provincia.
Marea Verde ha emitido un comunicado en el que asegura que «ante el atropello que supone la sentencia condenatoria a nuestros compañeros del IES Colonial de Fuente Palmera , Marea Verde inicia una campaña solidaria de recogida de fondos para financiar multas, costas y posibles recursos al Supremo».
Para el portavoz de Marea Verde, Juan Rivera , «esta condena es como un ataque directo a nuestro desempeño profesional, y por ello os pedimos que os suméis a esta causa: cualquier cantidad por pequeña que sea que podamos aportar será fundamental no sólo para defender el honor de estos compañeros, sino también, y sobre todo, para luchar por la dignidad de todo el profesorado».
En este sentido, Marea Verde ha añadido que «dada la gravedad de la sentencia, es vital que mostremos nuestra unidad sin fisuras».
Otro de los profesores del IES Gran Capitán, Joaquín Mesa, también de Marea Verde, ha asegurado a ABC que «con esas condiciones que se dan en la sentencia no sabemos qué compañeros se van a atrever a sacar a los niños fuera». Mesa cree que el Supremo podría revocar la sentencia porque hay doctrina sobre eso».
Según detalla UGT en una nota, «el día 29 de mayo de 2018, durante la realización de una actividad extraescolar, ocurrió una desgracia en forma de accidente, en el cual perdió la vida por ahogamiento un alumno de Secundaria de un centro educativo de la provincia», por lo que desde UGT SP Enseñanza Córdoba trasladan «una vez más las condolencias a la familia por la terrible pérdida».
No obstante, indican que «la condena a los profesores por este desgraciado accidente pone de manifiesto la situación de total vulnerabilidad jurídica del profesorado en el ejercicio de su profesión, pues han sido condenados dentro de las actividades extraescolares que tenían programadas», de modo que este miércoles han convocado una concentración en la puerta principal de la sede de UGT en la capital.
Los sindicatos denuncia la situación de «vulnerabilidad jurídica» del colectivo docente en el ejercicio de su profesión
Por otra parte, delegados y trabajadores de CSIF se han concentrado este martes en la sede provincial del sindicato para expresar su «solidaridad y apoyo» a los dos profesores del IES Colonial de Fuente Palmera. La central sindical ha recordado que ha acompañado y defendido jurídicamente a uno de los docentes en todo este proceso.
Al respecto, el sindicato ha transmitido en otra nota que respeta la decisión judicial y lamenta «profundamente» el fallecimiento del menor, al tiempo que la responsable del sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García, ha reclamado «un mayor respaldo de la administración al colectivo docente ante la situación de desamparo e inquietud que ha generado entre el profesorado esta sentencia».
Desde CSIF Educación se ha pedido a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta « amparo y seguridad jurídica para los docentes cuando se desarrollan las actividades extraescolares y complementarias, que tienen una gran importancia en la formación del alumnado, pero que tienen inherentes unos riesgos».
Asimismo, consideran que «es necesaria una nueva normativa que aporte una mayor protección y seguridad al profesorado y al alumnado cuando tengan lugar estas actividades, incluyendo la dotación de mayores recursos humanos y materiales».
«Ataque frontal» a los docentes
De igual modo, CGT ha mostrado su «apoyo» a los dos docentes condenados y han lamentado «profundamente que se responsabilice de un accidente a dos personas que estaban realizando su trabajo», a lo que han agregado que «la sentencia supone un ataque frontal a todo el colectivo docente y confirma la desprotección ante situaciones que pueden darse cuando se está con el alumnado, como empujones en los pasillos, caídas en el patio de recreo o balonazos».
Así, han relatado que «la organización de actividades extraescolares y complementarias conlleva un gran esfuerzo por parte del profesorado participante», a lo que han sumado que «son fuera del horario lectivo, pero estas horas extra no son remuneradas».
De este modo, han expresado que «son horas -incluso días en el caso de los viajes- de trabajo intenso y alta responsabilidad que se regala a la administración para que el alumnado aprenda fuera del aula, para que el grupo se cohesione, para reforzar lazos interpersonales y para que lo pase bien».
Sin embargo, desde el sindicato han advertido de que «con sentencias como esta y teniendo en cuenta que no hay obligación de realizarlas, es lógico que muchos profesores estén ya manifestando que en lo sucesivo se negarán a participar en ellas ».
Desde FASE CGT han hecho «un llamamiento a toda la afiliación, al resto de sindicatos de CGT y a la sociedad en su conjunto para apoyar a los dos compañeros a través de las concentraciones organizadas en los centros el 23 de junio y la recaudación de fondos para financiar multas, costas y recursos».
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