Sanidad
La jueza ordena una investigación a fondo del contrato del servicio de ambulancias de Córdoba
Atiende a la Fiscalía y pide información sobre todo el proceso administrativo que supone un importe de 62 millones
Investigan si hubo corrupción entre empresas en el concurso de ambulancias de Córdoba
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que hace suyos los requerimientos de la Fiscalía y ordena una investigación a fondo de todos los aspectos que rodean al contrato del servicio de ambulancias en la provincia de Córdoba para aclarar si ha habido irregularidades en el mismo, como ha denunciado el Consorcio de Transporte Sanitario de Córdoba y adelantó ABC.
La jueza insta a la Brigada Provincial Judicial del Cuerpo Nacional de Policía a que recabe datos de la Consejería de Salud y Familias sobre el expediente completo de contratación del servicio de ambulancias, así como los recursos y resoluciones posteriores sobre el concurso —que los hubo y fueron desestimados en favor de los adjudicatarios—.
También sobre el c ambio tramitado por la Gerencia de Urbanismo de Córdoba de la titularidad de licencias de los locales que los concesionarios acreditaron como propios; sobre la oferta y compraventa o alquiler de vehículos sanitarios o locales por parte de las empresas elegidas por la Junta de Andalucía, además de la vida laboral del exresponsable de ese consorcio —sobre el que recayó la querella— o la actividad mercantil de algunas de las empresas de ambulancias consorciadas.
La Junta niega irregularidades
La jueza ha decidido así dar un paso adelante en la investigación para esclarecer los hechos denunciados con unas diligencias previas extensas y tras haber desestimado las peticiones de las defensas para cerrar la causa abierta, lo que puede entrar dentro de la lógica de cualquier proceso, por otro lado.
El contexto en el que hay que entender la petición de datos de la jueza es la sospecha de los demandantes de que el expresidente del Consorcio de Transporte, que responde a las iniciales de M.B.R., pudo maniobrar a favor de sus competidores, y que fueron los que se quedaron con la prestación pública, a cambio de prebendas y promesas laborales. La Junta de Andalucía ha negado cualquier tipo de irregularidad en el proceso de contratación.
De hecho, tras ser recurrido la adjudicación del servicio al Tribunal de Reclamaciones Económicas Administrativas éste desestimó el mismo con contundentes argumentos de que no había lugar a dar marcha atrás a un contrato de casi 62 millones de euros y que ponía fin a años de prestación en precario. Estas consideraciones serán enviadas al Juzgado.
¿Qué instrucciones da Instrucción 3 en su providencia? En primer lugar, que la Policía Nacional «recabe de la Consejería de Salud y Familias, y en concreto de la Plataforma Logística de Córdoba la copia íntegra del expediente de contratación administrativa del servicio de transporte sanitario».
Al tiempo, requiere a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba «el expediente relativo a la solicitud de cambio de titularidad de la licencia de apertura presentada por SSGA y Ambulancias Pasquau [los concesionarios]», que tramitó el expresidente del Consorcio sobre un local de la avenida del Corregidor para que figurase en la documentación que pedía la Administración autonómica para hacerse cargo del servicio.
Testigos a declarar
Por añadidura, la jueza pone el foco sobre la flota que los concesionarios del transporte de pacientes por carretera aseguran que es suya en la documentación que envió a la mesa de contratación de Salud y Familias cumpliéndose los requisitos fijados en el pliego. Al tiempo, la titular del juzgado ordena a la Policía que acredite que son de su propiedad o que tiene títulos de arrendamiento sobre los locales para aparcar o reparar vehículos que da como propios en la documentación presentada a la Junta de Andalucía.
La titular Instrucción 3 también acepta otra de las diligencias requeridas por el Ministerio Público como es la deducción de testimonio a cinco testigos —que podrían ser más si así lo entienden los agentes— sobre los hechos denunciados. De momento, la firma del contrato entre Salud y las concesionarias no se ha producido.
