Caso Guadalquivir Futuro
La jueza negó a la Junta acceso al sumario de las mordidas de Córdoba si no era acusación
El Gobierno andaluz optó por personarse aunque tardó casi siete meses en materializarlo
La jueza que lleva el caso de las mordidas de la Fundación Guadalquivir Futuro , afín a la dirección del PSOE y aliada en las movilizaciones electorales, negó a la Junta de Andalucía que tuviese acceso al sumario por una razón bastante directa. Cuando lo hizo, ni siquiera formaba parte del mismo como acusación participar. Ese, y no otro, fue el origen de la decisión de la Consejería de Empleo de personarse como «posible perjudicada» en la acción legal contra Ángeles Muñoz, Cristian Menacho y otros .
La orden de pedir documentación la denuncia que dio origen al procedimiento la dio la Dirección General de Políticas Activas de la Consejería de Empleo de la Junta a la Dirección Provincial y la emitió formalmente el la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo. El diez de abril se registra la petición en el juzgado de instrucción número ocho de Córdoba.
El 24 de ese mismo mes, la jueza responde que ni hablar de la consulta, que si quiere la Junta siempre puede personarse. La jueza aprovechó el momento para reclamar una copia de todos los documentos en propiedad de la Administración autonómica sobre la materia.
Las fechas
Según el expediente de personación, en julio de 2017 la Consejería pidió a sus servicios jurídicos un dictamen sobre lo que había que ahcer, informe que fue entregado el 1 de agosto le responden. En septiembre, el consejero de Empleo pidió a los servicios jurídicos que formalizasen su presencia en el sumario como acusación participar. No lo hicieron hasta el mes de marzo de 2018, cuando el consejero estaba compareciendo en una comisión parlamentaria convocada para dar cuenta de qué estaba haciendo para recuperar el dinero que se había cobrado indebidamente en mordidas.
La petición de la Junta de tener acceso a un sumario no es muy habitual. Pese a que el secreto de sumario se levante por parte del juez, eso solo tiene efectos para las partes del proceso: el fiscal, las defensas y las acusaciones. Según la Junta, solo pretendía saber si podía realizar una actuación administrativa contra la asociación Jóvenes hacia el Futuro (la filial de la fundación, receptora de fondos de la Junta) dado que la jurisdicción penal siempre tiene prioridad sobre cualquier otra intervención de la Administración del Estado.
En ese momento, ya era público y notorio que el caso se había judicializado. Las primeras informaciones de este periódico datan de abril del año 2016. Cuando la Junta se plantea qué hacer, ya habían tenido lugar episodios tan sonados como el escrache al parlamentario David Moscoso (Podemos) , que sí es acusación particular desde hace muchos meses, quien fue increpado por seguidores de la fundación en la puerta del juzgado.
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