TRIBUNALES
La jueza imputa a la presidenta de Guadalquivir Futuro
Llama también en calidad de investigada a la exnúmero dos de Juventudes Socialistas
La titular del juzgado de instrucción número ocho de Córdoba ha llamado a declarar en calidad de investigada (imputada, en su anterior denominación) a la presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro , Ángeles Muñoz, para la primera declaración judicial que ha de realizar como consecuencia de la denuncia presentada por el grupo parlamentario de Podemos Andalucía sobre el cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía.
Muñoz es la responsable última de las decisiones de la organización y quien ha tenido el peso específico en el PSOE cordobés , del que formó parte de la lista a las elecciones municipales con el actual presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, como candidato.
En la misma determinación, la titular del juzgado ha citado, también con asistencia letrada y derecho a no declarar contra sí misma, a Alejandra Pérez , responsable de una de las entidades perceptoras de fondos afines al PSOE y que fuese número dos de las Juventudes Socialistas en la capital secundando a Cristian Menacho. Ambas responsables de las organizaciones no gubernamentales están citadas a declarar a primeros del mes de marzo en la misma mañana.
Antes de que eso ocurra, la jueza ha llamado también a los diputados del grupo parlamentario de Podemos David Moscoso y Juan Moreno Yagüe que son quienes firman la denuncia presentada en los juzgados. Se trata de una formalidad procesal . La jueza tiene que pedir a los denunciantes que refrenden el contenido del escrito presentado ante los juzgados.
El grupo parlamentario que dirige Teresa Rodríguez ha estimado que unos treinta trabajadores pagaron cantidades que rondan el 20 por ciento de su sueldo durante periodos de seis meses en los años 2015 y 2016 producto del acceso de unas entidades afines. Se trata de conclusiones similares a las alcanzadas por la investigación realizada por ABC y las pruebas halladas por la Inspección de Trabajo que derivaron en una fuerte sanción por parte de la Consejería de Empleo .
