Tribunales
Un juez ordena el archivo del «Caso Bomberos» de la Diputación Provincial de Córdoba
Rechaza las llamadas grabadas con datos sobre irregularidades por «antijurídicas»
El juez de instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz , ha decidido que el caso Bomberos no es un caso. Entiende el instructor, tras año y medio con el sumario abierto y tras haber investigado (imputado) a 21 personas , que no tiene los suficientes elementos de convicción como para sostener que en las oposiciones al Consorcio de Extinción de Incendios de la Diputación se realizaron con un amaño. Y ello lo explica en un largo auto, sujeto a recursos, donde llega a reconocer que pone fin al sumario a pesar de que tenía abiertas diligencias de investigación que, entiende, no van a llegar a nada. Un ejemplo: el juzgado hizo todo lo posible por acceder a los correos electrónicos de los investigados. No los analizará porque entiende que no había nada.
La decisión se produce a pesar de que el juez reconoce que tiene evidencias directas de irregularidades . En concreto, que un opositor formaba a su vez a los interinos y que, presuntamente, los formaba para que respondiesen preguntas que le habían sido filtradas.
El juez disponía de una conversación telefónica grabada en la que esa persona daba detalles que lo incriminaban. El juez considera que, dado que las grabaciones se realizaron con el objetivo de documentar irregularidades, no es posible llevar esa prueba a juicio. Entiende que es una grabación que se realizó sin permiso de la otra parte y de forma «capciosa ». Asegura que la línea argumental de una reciente sentencia del Supremo impide considerarla como prueba válida.
Cargos del PSOE
El juez ya expresó en un auto anterior, y lo vuelve a explicar en el conocido ayer, que este tipo de cursos de formación (que se realizaban en secreto, según la denuncia) tampoco tenían tanta relevancia final incluso dando por cierto que tuvieran las preguntas de antemano. El instructor anota que los cursos cesaron por indicación expresa del gerente, Juan Carandell , y la exvicepresidenta, la número dos del PSOE, Dolores Amo , a los que se libera de la situación
El magistrado Rodríguez Laínz tampoco da crédito al germen mismo de la supuesta trama. Entiende que no queda acreditado que se produjesen reuniones en las que el gobierno de la Diputación , en manos del PSOE, indicase que había que votar por la Unión General de Trabajadores en las elecciones sindicales del Consorcio para tener monitorizado en todo momento el desarrollo de las oposiciones para primar que los interinos consiguiesen la estabilidad de las plazas.
Entiende el juez que, de los testimonios de no investigados (fundamentalmente, otros dirigentes sindicales), se deduce que la actitud del gobierno de la Diputació n fue «tibia» y que se les indicó que aprobar era cuestión de «codos y fuerza».
El fiscal no recurrirá
El juez no aclara en su auto qué ha pasado con algunas diligencias que reclamó con el objetivo de intentar contrastar las denuncias de cinco aspirantes que quedaron sin plaza. Por ejemplo, inició una investigación en las notarías porque había indicios de que uno de los opositores había acudido a dar fe pública de que tenía el examen con anterioridad a que se celebraran las pruebas. Sí dice que los denunciantes dijeron primero que se había registrado la prueba teórica y, con posterioridad, el psicotécnico .
Uno u otro, no consta en el auto si en realidad esas diligencias dieron algún fruto en una u otra dirección. Afirma también que ha quedado «desdibujada» la razón por la qu e imputó al exalcalde de Priego, José Manuel Mármol , por presionar para que se repescara a una serie de opositores en el psicotécnico.
Contra el auto de sobreseimiento cabe recurso. El Ministerio Fiscal no va a proceder al mismo. La pelota queda en manos de la acusación particular, los denunciantes .
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